La semana pasada se publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional (TI). Malas noticias para México: después de una mejora marginal que el gobierno presumió hace dos años, el país se ha estancado. Sigue reprobado con una calificación de 31 sobre 100 y ocupa el lugar 124 de los 184 países evaluados.
México es el peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y está en la posición 18 de 19 de los países que conforman el G20.
Tenemos la misma puntuación que países como Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Y en América Latina estamos peor que Chile, Brasil. Argentina, Perú y Colombia. Solo salimos mejor evaluados que Venezuela y Nicaragua.
En lugar de discutir por qué su principal promesa de gobierno está paralizada, el presidente López Obrador optó por el silencio. En ninguna de sus conferencias matutinas de la semana pasada abordó el tema. Ningún ‘periodista’ tuvo el tino de preguntar lo obvio: por qué la lucha contra la corrupción no se percibe ni se aprecia.
Ya sabemos la respuesta que habría dado López Obrador: “TI es un organismo neoliberal que está enojado con la pérdida de privilegios en México y por eso nos atacan. El pueblo es sabio y no se deja engañar. Gracias al combate a la corrupción hoy hay más dinero para programas sociales”.
Frente a esa respuesta, el periodista debió replicar: “TI también calificaba mal a los gobiernos del pasado. De hecho, México llegó a su calificación más baja en 2018, último año de Enrique Peña Nieto, cuando alcanzamos una calificación de 28 y estuvimos en el lugar 138 de 180″.
Igual que durante el sexenio de Vicente Fox cuando México tuvo una mejoría temporal en su calificación (pasamos de 3.3 en 2000 a 3.6 a mitad de su sexenio), con AMLO se repitió la historia: hubo expectativas que se han dilapidado. A pesar de la saliva de honestidad, en los hechos el problema sigue siendo igual de grave por la falta de transparencia en el funcionamiento de los gobiernos, la práctica generalizada de adjudicaciones directas, el manejo masivo y sin reglas de operación de los programas sociales y los fondos crecientes que manejan las Fuerzas Armadas sin rendir cuentas por criterios de seguridad nacional.
Que López Obrador sea austero o que no le guste el dinero, como afirma cotidianamente, es irrelevante para esta discusión. La corrupción es un problema sistémico y no existe evidencia alguna de que el problema se haya reducido.
Es una lástima que López Obrador no logre trascender en aquel ámbito que tanto ha dañado a México y que ha sido su bandera de lucha. Es una pérdida para el país que un liderazgo con tanta legitimidad y fuerza política haya sido negligente, incapaz o cómplice en combatir los enormes problemas de corrupción que heredó.
Ya no habrá viraje ni cambios. López Obrador no modificará su política en la materia. Continuará la retórica de ataque en contra de las élites corruptas del pasado que, junto al estilo austero del presidente y los beneficios materiales de los programas sociales, le permitirán a este gobierno sortear la falta de resultados. No obstante, con el paso de los años, igual que en otros gobiernos, se irán conociendo los abusos, el dispendio, la falta de controles y el enriquecimiento que están cometiendo muchos servidores públicos.
Austeridad no es sinónimo de integridad de gobierno. La austeridad es un estilo personal y un instrumento de propaganda; la integridad es una característica de los gobiernos para prevenir la corrupción y castigarla, al margen de las personas.