La semana pasada el Senado de la República aprobó la iniciativa de la Ley Federal de Revocación de Mandato que le da al presidente López Obrador los dos instrumentos centrales para organizar —en los hechos— una consulta de ratificación de mandato: una pregunta cómoda para hacer campaña a favor de su permanencia en el cargo y el permiso para que la estructura de Morena recopile las firmas para activar el ejercicio y luego para promover el voto.
La oposición festejó que se haya cambiado la pregunta original de Morena que decía así: ¿Estás de acuerdo en que [AMLO] continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Se trataba de una alteración del significado de una consulta revocatoria.
La nueva pregunta, aprobada casi por unanimidad, dice: ¿Estás de acuerdo en que a [AMLO] se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Aparentemente mejor, salvo que legitima con el voto de todos los partidos lo que será la consulta ratificatoria de López Obrador.
La nueva redacción le da a Morena el pretexto para recopilar firmas con el fin de garantizar que López Obrador termine su mandato. La pregunta de una consulta revocatoria debiese ser exclusivamente sobre la terminación anticipada del cargo y su activación debiese ser un derecho de quienes —efectiva y genuinamente— quieren que López Obrador sea removido.
Ya no será así. También podrán promover -mañosamente- la consulta quienes quieren que concluya su mandato.
El segundo instrumento que la nueva ley dará a López Obrador es el permiso para que los partidos políticos puedan promover el voto. Así Morena será el principal promotor de la consulta.
¿Qué sigue? Especulo.
La formación de comités de defensa de la 4T en todo el país.
La movilización para juntar firmas para defender a AMLO (de molinos de viento imaginarios) y lograr que concluya su mandato.
Morena recabará —sin mayor problema—las casi tres millones de firmas requeridas y la consulta se activará.
La Cámara de Diputados aprobará una fracción de los 3 mil 800 millones de pesos que cuesta la consulta; el INE tendrá que ajustar su presupuesto para organizarlo (previa interposición de un litigio frente a la Corte).
Durante enero, febrero y marzo habrá una campaña en redes sociales, plazas y calles para defender a López Obrador. Aunque Morena no gaste dinero de sus prerrogativas para pagar spots o publicidad impresa, sus operadores políticos organizarán la campaña —y ello significa que fondeará el ejercicio mediante el pago de sus sueldos.
López Obrador ganará la consulta (eso es, sus detractores imaginarios perderán la consulta) por lo que ya es irrelevante si se alcanza el 40 por ciento que se requiere para ser válida. De hecho, la naturaleza del ejercicio ya habrá sido tergiversada en los hechos: será una jornada de defensa de la 4T.
Luego de la elección, Lopez Obrador podrá hacer una gira para agradecer el voto de sus seguidores y mantener viva la movilización. Surgirán voces pidiendo que extienda su mandato.
López Obrador fue elegido por 30 millones de personas para un mandato de seis años. Goza además de una popularidad de 60 por ciento promedio. Salvo muy pocas voces, no veo marchas pidiendo su renuncia. Muchos hemos cuestionado su estilo populista o sus políticas de gobierno, pero no veo razón democrática válida para promover su retiro anticipado, salvo el deseo personal del presidente para endiosar su mandato.
Hay un antídoto para esta cruzada propagandística: que los partidos de oposición anuncien —ya— que no participarán en esta revocación simulada, que están a favor de que el presidente termine su mandato en 2024 y que gobierne para todos. También que lo hagan los organismos de la sociedad civil y en general quienes han sido críticos del gobierno pero que ven los riesgos que este ejercicio implica.
Subirse al ring de un pleito inventado es agigantar la propaganda y darle balas al presidente para que siga acribillando a sus enemigos imaginarios.