Democracia Eficaz

Llamado a no votar

Lo que conviene es llamar al país a la abstención, a la no votación en las próximas consultas populares y a desairar los intentos polarizantes de López Obrador.

Todavía no concluye el proceso electoral 2021 y ya está en marcha otra elección a celebrarse el 1 de agosto. No habrá terminado aquella cuando ya estará en marcha otra cuyo desenlace será en marzo de 2022. Sin dejar respirar, el gobierno quiere movilizar a la población para involucrarla en discusiones y pleitos políticos, en lugar de darle espacio a los nuevos gobernantes y representantes para el diálogo y la construcción de nuevos consensos.

La mal llamada consulta para enjuiciar a expresidentes se celebrará en agosto próximo y es innecesaria para que el gobierno cumpla su obligación constitucional para denunciar el delito cuando cuenta con indicios. Ojo, no es una consulta para enjuiciar a expresidentes como arguyen los propagandistas del gobierno, sino para tomar “acciones pertinentes” para “esclarecer acciones políticas tomadas por actores políticos” [sic, sic y más sic].

El país tirará a la basura 505 millones de pesos para preguntar lo obvio: si queremos que se juzgue a los servidores públicos que hayan cometido algún delito (incluidos los de este gobierno), en lugar de que el gobierno presente denuncias y la Fiscalía General realice su trabajo de investigación.

Llama la atención que, salvo Rosario Robles, el gobierno no ha presentado denuncia alguna contra un servidor público de alto rango de la administración anterior a quien tanto acusaba de corrupción.

Es probable que la consulta no alcance 40 por ciento de participación requerida para ser válida; por ello, para dejar de perder el tiempo con ejercicios propagandísticos, los dirigentes de partidos de oposición y líderes sociales y empresariales deberían exigir al gobierno llevar a cabo una política de fondo para castigar la corrupción del pasado y del presente, en lugar de perder el tiempo con ejercicios inútiles.

Por su parte, la consulta de revocación de mandato se celebrará en marzo de 2022. Si gana el presidente y se queda, azuzará la revancha en contra de sus adversarios a quienes llamará fracasados y celebrará multitudinariamente en el Zócalo de la Ciudad de México y, entonces sí, surgirá la demanda del pueblo para que se quedé más tiempo en la silla presidencial.

Si gana la revocación y López Obrador tuviera que renunciar, peor aún. El Congreso de la Unión nombraría a un presidente sustituto por la mayoría absoluta de cada una de sus cámaras. Siendo Morena el partido mayoritario en ambas, el designado sería –muy probablemente– un perfil radical para enfrentar a los enemigos de la revolución y eso conduciría a un final de sexenio inestable y más conflictivo.

Surgirían voces para presentar una reforma constitucional para el regreso de López Obrador en 2024.

Si el porcentaje de participación de la consulta revocatoria es menor a 40 por ciento de la lista de electores, la consulta no es vinculante. Por lo tanto, para que el país se ahorre una comedia de pleitos y denuestos, lo mejor es desairar la consulta presidencial para evitar una mayor confrontación al interior del país.

Es mejor que López Obrador gane una consulta revocatoria con 95 por ciento de votos a su favor (pero con una tasa de participación baja), que gane (o pierda) con una cifra cerrada pero una alta tasa de votación.

Así como fue importante llamar al voto ciudadano el 6 de junio –lo cual resultó en una jornada que, más allá de ganadores y perdedores, fue un buen ejercicio cívico– en esta ocasión lo que conviene es llamar al país a la abstención, a la no votación y a desairar los intentos polarizantes del presidente de la República.

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