¿Duda razonable?

Existe la expectación y duda de cómo Emilio Lozoya Austin logró el acuerdo con la Fiscalía General de la República para allanarse a la petición de extradición al gobierno español.

Déjenme contarles que Emilio Lozoya Austin, según el propio Emilio, fue entregado por su padre, el licenciado Emilio Lozoya Thalmann, quien llegó a un arreglo con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para el efecto de que Emilio Lozoya Austin armara un circo mediático-político en contra de los enemigos de la 4T; o sea –ojo, por aquí hay una aclaración jurídica muy importante–, Emilio Lozoya no fue extraditado, puesto que no hubo un juicio de extradición en España. Emilio Lozoya aceptó venirse a México. ¡Así, tal cual usted lo está leyendo!

Haciendo un poco de historia, la FGR sí pide la extradición de ‘Milo’, estando detenido en Málaga, y es cuando, en febrero de 2020, su papá insiste en contratar al juez Garzón, cosa que se hace, y cuando Garzón solicita a la Audiencia Nacional que se le diera a Emilio el beneficio de llevar su juicio en libertad, la FGR se lo niega. Acto seguido, Garzón se viene para México y, junto con Navalón -gente de la 4T- y el propio padre de Milo arman el tinglado, le consiguen el criterio de oportunidad y es así como Emilio decide entregarse a México.

En junio de 2020 fue cuando el ícono de la corrupción del gobierno de EPN, sopresivamente, cambia de abogados en México y designa al despacho del licenciado Ontiveros.

La declaración que Emilio Lozoya firma y que se hace pública fue redactada por sus abogados, conjuntamente con el subprocurador Juan Ramos y con el visto bueno tanto de la 4T como del fiscal.

El meollo del asunto

El verdadero problema es que Emilio Lozoya no puede probar las imputaciones que hizo a más de 70 funcionarios, pues no tiene pruebas. Al día de hoy, sólo le quedan 25 días que le ofreció el juez para probar sus dichos, tras cambiarle la medida cautelar a petición de la FGR, UIF y Pemex y dejarlo en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. No hay que perder de vista que su mamá sigue arraigada y su hermana, escondida.

Otro Cuauh mediocre…

Por cierto, no pierda de vista al chapulín Cuauhtémoc Ochoa, diputado del Verde que saltó a Morena con el objetivo de competir por la candidatura en el estado de Hidalgo, de Omar Fayad. De hecho, y como ya es costumbre en Morena, ellos mismos se ponen autobombas o buscan minar al de junto. Leído lo anterior, me enteré, algunos hidalguenses pidieron a la UIF, de Santiago Nieto, le revisara su patrimonio, pues de político acomodaticio no lo bajan. Él, sin embargo, se promueve para intentar amarrar la candidatura hidalguense, aunque descártelo de antemano, pues pesa sobre su tumba su paso como subsecretario en Semarnat del virrey del gabinete Pacchiano, durante el gobierno de Peña Nieto y su nulo reconocimiento entre la población. ¿O será que purificándose logrará el milagro?

La luz al final del camino

En este espacio he venido contándoles del caso de Claudia Sánchez Mayorga, el chivo expiatorio del Solid Gold, a quien un tribunal de alzada le ordenó a la jueza reponerle el procedimiento de cateo, pues no observó un sinfín de irregularidades y cómo pasaron por encima de sus derechos humanos; vamos, que no hubo el debido proceso. El 28 de octubre se llevó a cabo la audiencia constitucional para el cambio de la medida cautelar y seguir su proceso en libertad, luchando con su hija, a la que no ha podido ver desde que nació, hace ocho años, por lo que está en espera de la resolución del juez. La buena nueva es que el propio presidente AMLO, en la mañanera del 3 de noviembre, se comprometió a llevar a cabo una profunda revisión del caso. De hecho, aceptó la petición para permitir que Asuntos Internos de la FGR investigue a los ministerios públicos involucrados y que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, brinde una audiencia presencial con Sánchez Mayorga. Aunque justicia que no es expedita, no es justicia. Claudia comienza a ver la luz…

No me ayudes, compadre

Así han de decir los miles de trabajadores, choferes y repartidores de las aplicaciones digitales de entrega a domicilio a los senadores del PRD, Morena y MC que buscan sobrerregular esta actividad como se hizo en España, donde una llamada Ley Rider lo único que hizo fue desaparecer empresas y perder empleos. Y es que, con el pretexto de darles seguridad social a través de un solo patrón, se les puede impedir a los colaboradores de Didi, Uber, Rappi y otras muchas empresas, que puedan laborar libre y simultáneamente con una o varias de ellas en su propio beneficio. De hecho, aquí en nuestro país ya existe la opción de que puedan aportar por su cuenta las cuotas al IMSS y asegurarse sin necesidad de contratarse con un solo patrón. Quienes impulsan el despropósito están poniendo en riesgo las ventajas de que medio millón de mexicanos dejen de tener la flexibilidad laboral y de ingresos que tienen ahora.