El encuentro a puerta cerrada de hace unas semanas entre Claudia Sheinbaum y Maru Campos durante una gira de la presidenta por Chihuahua fue el espacio de negociación y acuerdos —secretos, confidenciales— donde se fraguó el fin de la confrontación.
El aciago episodio del operativo que involucró a agentes de la CIA en territorio mexicano había sido el ariete por medio del cual la presidenta había golpeado insistentemente a la gobernadora.
Campos había solicitado múltiples audiencias con la presidenta en Palacio, que le habían sido denegadas.
Aprovechando su gira por el estado, la presidenta cedió, se reunió con ella y encontraron puntos de acuerdo.
La gobernadora tiró bajo el ferrocarril a su aliado, colaborador y exfiscal César Jáuregui, depositando en él toda la responsabilidad del operativo que, por cierto, terminó en tragedia, con la muerte accidental —se dice— de los dos agentes al desbarrancarse el vehículo en el que regresaban después de haber desmantelado el laboratorio de drogas.
Maru Campos salvó el pellejo, la eventualidad de investigaciones posteriores y aplicó el pragmatismo político al entregar a un “culpable”, muy probablemente chivo expiatorio del incidente.
La presidenta negoció el cambio de narrativa, el fin de la reyerta y la persecución judicial del exfiscal, evidentemente panista. Hoy niega toda negociación, al afirmar que la justicia jamás está sujeta a acuerdos, pero las evidencias son aplastantes.
Desde el encuentro hubo un cambio de discurso en el mensaje de la presidenta. De la misma forma que Campos marcó distancia con su excolaborador y abrió supuestas carpetas de investigación en su contra.
Las previas, las existentes en torno al operativo, curiosamente, ni siquiera mencionan el nombre de Jáuregui. De la noche a la mañana, se le responsabilizó de la entrada de los agentes americanos a territorio nacional, lo que sustenta, dice el gobierno federal, el desproporcionado delito de traición a la patria.
Jáuregui se equivocó en la jerga de campaña por convertirse en presidente municipal de Chihuahua capital, al reconocer y asumir públicamente la responsabilidad por el operativo que incluyó a los agentes de la CIA. Su consideración pudiera sustentarse en la construcción de una imagen como exfiscal fuerte, sin miedo a atacar al crimen organizado.
Pero quedan sobre la mesa más preguntas que respuestas.
Es inverosímil pensar que la gobernadora no estuviera al tanto, que no le hubieran reportado el operativo que, como hoy pretende olvidar, ella misma defendió al principio como un instrumento de justicia y protección al pueblo de Chihuahua.
Hoy afirma lo contrario: no sabía, actuaron por su cuenta. ¿Por qué entonces no lo denunció y dijo así desde el principio?
Existe la borrosa figura del subprocurador que hoy se encuentra prófugo y que, al parecer, es la persona que en efecto coordinó y supervisó la entrada de los agentes, mientras su jefe Jáuregui, hoy preso en el Altiplano, trabajaba en su campaña.
Maru traicionó a su colaborador de muchos años, aliado e incluso amigo.
Lo hizo tal vez para asegurar que nadie la persiga al terminar su gobierno y, por qué no, tal vez recibir una generosa embajada extendida por la presidenta al estilo de su antecesor.
A los gobernadores que se cuadran frente al águila presidencial, que se alinean con la 4T, se les premia con la cancelación de cualquier carpeta de investigación por posibles ilícitos o conductas indebidas durante su administración, y de paso, la beca dorada de una embajada extranjera. Hay múltiples casos que lo demuestran.
La presidenta, por su parte, hizo lo que tantos otros en el pasado: negociar la justicia, como instrumento de poder y de control.
Se persigue, encarcela, acusa y enjuicia a los opositores, no a los militantes del fallido movimiento.
Se exhibe como delincuentes a los servidores y funcionarios de otros partidos, jamás a los morenistas, aunque la evidencia de ilícitos, cochupos, negocios, contratos y concesiones escapa por las oficinas públicas y los departamentos gubernamentales.
La justicia a modo, como hicieron los del PRI en su momento y también los del PAN.
Son lo mismo, utilizan el poder de la misma forma: la justicia sometida a los intereses partidistas.
La justicia y el poder al servicio del partido, no de los mexicanos.