Justamente cuando se cumplen en estos días 8 años de la victoria aplastante de Morena en las urnas (2018) que condujeron a AMLO a la Presidencia y el inicio de la degradación de la vida política nacional.
La ausencia de gobierno capitalino y de autoridad en la Ciudad de México —y otras ciudades como Tijuana, Morelia, etcétera— permite la muerte de 4 personas en los festejos del Ángel de la Independencia.
Sin duda, existe un ánimo desbordado e irresponsable por parte de decenas de miles de ciudadanos. Otra es la inaceptable, irresponsable actitud permisiva de la autoridad para impedir las aglomeraciones y la concentración masiva con consecuencias fatales.
¿Dónde está la autoridad? Para impedir la asfixia y el estrangulamiento de seres humanos en calles y plazas por falta de previsión, de orden, de vallas y controles. Lamentable.
Este jueves se cumplen 8 años de aquella victoria electoral. Los mexicanos no teníamos una visión clara de la dimensión que esa decisión ciudadana en urnas traería a la vida política del país.
La victoria de Morena y lo que sus dirigentes llaman “La transformación de la vida política del país” se traduce, simple y llanamente, en la degradación de los gobiernos y la desaparición de las instituciones. También se traduce en el control y dominio de los poderes Legislativo y Judicial mediante una reforma anticonstitucional que sometió a jueces, magistrados y ministros a los designios de un gobierno autoritario.
Han pasado 8 años y el balance es trágico para la democracia mexicana.
La pulverización de contrapesos generó en los hechos una superpresidencia de la República, donde se concentran y centralizan todas las decisiones trascendentes, significativas de la vida nacional.
Las reformas del Congreso federal, las leyes que se cambian y aprueban, aunque destruyan el andamiaje democrático del país.
La eliminación de organismos independientes (INEE, INAI, CRE, etcétera) que eran fundamentales para la democracia en México, al quitarles poder y controlar las decisiones, permitió abusos por parte del gobierno, lo que debilitó la fuerza de las instituciones.
Entre los enormes daños que Morena presume como logros “del pueblo”, se suman:
La sobrerrepresentación legislativa en el Congreso. La eliminación de la reforma educativa. La cancelación en los hechos de la reforma energética y la posterior Ley de la Industria Eléctrica. El otorgamiento masivo, indiscriminado, sin padrón o controles de las llamadas prestaciones sociales que apuntan a desvíos con usos políticos y electorales.
Además, por supuesto, de la compra y coacción del voto. La degradación y dominio absoluto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El deterioro imparable de Pemex por un modelo productivo ineficiente y deficitario. La cancelación del aeropuerto de Texcoco y sus graves consecuencias en materia de inversión privada, credibilidad y participación empresarial. La desastrosa reforma judicial que expulsó a perfiles profesionales y capaces para substituirlos por un rosario de improvisados.
Son sólo algunos a nivel estructural, de gobierno y en materia legislativa.
Pero de fondo, aunque el problema del crimen y la inseguridad se ha venido germinando desde el pasado, el mayor daño de AMLO y su gestión gubernamental fue la alianza con los grupos criminales. Es evidente que el Cártel de Sinaloa recibe protección, incluyendo a Los Chapitos, a El Mayo y al “señor Guzmán”.
López Obrador es responsable del repliegue de fuerzas de seguridad, militares y policíacas, en el combate al crimen organizado. Les otorgó carta blanca a los criminales, con los mensajes patéticos de “los voy a acusar con sus mamás” y otras sonseras.
El resultado fue el crecimiento desbordado en la acción, control y territorios de grupos y cárteles que diversificaron su acción delictiva en líneas de negocio diferenciadas: tráfico de drogas, extorsión, derecho de piso, secuestro, tráfico de personas, de armas, huachicol, huachigas y tantos otros en desarrollo.
El deterioro de la vida pública que Claudia Sheinbaum llama la transformación ha significado el incremento de la deuda externa del país, el derrumbe de la inversión interna (pública y privada) y el crecimiento descomunal de la corrupción.
Estados Unidos exige la entrega de narcopolíticos, no por una acción justiciera y apegada al derecho: los quiere por información, por descubrir redes, por develar manejos operativos de cuentas, pagos, recursos y la inocultable invasión del dinero criminal en la política mexicana.
¿Las campañas de qué estados de la República, municipios o incluso presidenciales han sido y desde cuándo financiadas por los cárteles y el crimen organizado?
El daño a lo largo de estos 8 años tiene dimensiones inconmensurables en el producto per cápita de los mexicanos, en derecho y acceso a salud digna —en derrumbe imparable—, en acceso y derecho a educación de calidad —borrada con el regreso del poder y control a los sindicatos magisteriales.
Morena y sus dirigentes han provocado 8 años de retroceso en la vida institucional y económica. También han disminuido y degradado el Estado de derecho. México se convirtió en el sueño y la aspiración rota de un país democrático.