Las revelaciones del medio estadounidense ProPublica con investigación del laureado periodista Tim Golden (dos veces Premio Pulitzer) ponen en evidencia una serie de declaraciones, sospechas y testimonios de hipotéticas relaciones del narcotráfico con Andrés Manuel López Obrador.
El reportaje periodístico apunta a una investigación de la DEA (Agencia Antidrogas de los Estados Unidos) con base en testimonios de narcotraficantes en calidad de testigos protegidos, quienes hacen señalamientos en torno al hoy presidente de México.
Los testigos afirman haber entregado a asistentes, ayudantes del entonces candidato presidencial en 2006, la cantidad de 2 millones de dólares en efectivo para su campaña.
Más aún, después de la conocida derrota electoral de AMLO frente a Felipe Calderón en aquel año, el rechazo del candidato opositor a aceptar los resultados y el posterior plantón en Paseo de la Reforma, uno de los testigos afirma que La Barbie, narcotraficante ligado al Cártel de Sinaloa, financió el bloqueo a la céntrica avenida capitalina como protesta por el resultado electoral.
Esta es una bomba a la imagen, la reputación y la credibilidad de Andrés Manuel.
El problema es que 18 años más tarde, al analizar en perspectiva estas declaraciones, parecen completar algunas piezas de un rompecabezas ilógico, absurdo y desastroso para México en materia de seguridad.
La premisa central de la mal llamada “estrategia de seguridad nacional” ha sido atacar las causas de origen de la violencia criminal. Impulsar el crecimiento de la economía en las clases populares, mediante los muy extensos programas sociales impulsados por el presidente desde el 2018. Cambiar la realidad de marginación y pobreza, mediante inversión social y, en consecuencia, disminuir el crimen, la delincuencia y la capacidad del narco para atraer a jóvenes a sus filas.
En papel podría sonar muy bien. En los hechos, cinco años después, ha resultado un país bañado en sangre, con más de 160 mil muertos y otros 60 mil desaparecidos que no se quieren sumar a la cuenta global porque no hay cuerpos.
Es decir, este sexenio, el de López Obrador, terminará siendo el más violento y criminal en la historia reciente de México. Sumará más muertos que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto combinados. Cifras oficiales del gobierno que AMLO se niega a reconocer.
A 18 años de aquellas elecciones en las que con toda ley y votos contabilizados, López Obrador perdió, la política implementada por su gobierno desde que asumió la Presidencia en 2018, pareciera representar la continuidad de aquel compromiso: “la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los narcotraficantes”.
¿Qué ha sucedido en México desde 2018?
No ha habido combate al crimen organizado; se ordenó, para vergüenza de las Fuerzas Armadas, el retiro y repliegue en confrontaciones o zonas en disputa; se ordenó después de un operativo militar con inteligencia de la DEA para detener a Ovidio Guzmán, que después fuera liberado el joven narcotraficante. Continuas señales de deferencia al Cártel de Sinaloa, no así, al Jalisco Nueva Generación, o a La Familia Michoacana.
El ‘trato especial’ documentado públicamente en los múltiples traspiés de López Obrador, están en el saludo personal a la madre del Chapo Guzmán al interrumpir un recorrido por el estado de Sinaloa, o las diferentes menciones del “Señor Guzmán Loera” —con excesivo respeto y reverencia a un criminal sentenciado— o “también es un ser humano”.
Si bien la DEA y uno de sus mandos —Mike Vigil, exdirector de operaciones— afirman, después del reportaje, que no existen evidencias sólidas para demostrar esa entrega de dinero a la campaña presidencial de 2006, quedan sobre la mesa una serie de cuestionamientos y sospechas.
Pareciera que aquel candidato fallido, que finalmente ganó en el 2018, les cumplió la promesa. No solo los ha defendido, liberado y otorgado múltiples deferencias, sino en esencia, los ha dejado operar y actuar con absoluta impunidad.
¿Es resultado de una casualidad? ¿Producto de una coincidencia?
Varios de los testimonios y las entrevistas de Tim Golden señalan a Nicolás Mollinedo, persona cercanísima de AMLO —en aquellos años, su ‘chofer’ personal que cobraba como subsecretario en el gobierno capitalino—. Años después el señor Mollinedo y su familia se vieron distinguidos con cargos, puestos y posiciones jugosas, como la de su primo hermano al frente de Aduanas.
El hoy presidente de México califica de calumnia el reportaje; dice que están enojados —¿quiénes?— y lanza su habitual campaña de desacreditación y victimización.
Acusó al gobierno de Estados Unidos, a los medios controlados por ese gobierno y otros varios disparates. Bueno, hasta a los testigos protegidos, que por cierto, son la base sobre la cual está acusado —sin sentencia aún— el enemigo número juno del régimen, Genaro García Luna.
López Obrador tendría muchas explicaciones que dar respecto a estos señalamientos. Pero es verdad, todas son declaraciones y testimonios. No hay videos, entregas de dinero ni nada parecido.
Solo una, entre muchas otras: presidente, ¿por qué ha protegido al Cártel de Sinaloa durante su gobierno?