Una de las repetidas cantaletas del presidente en el show matutino diario, consiste en remarcar continuamente la diferencia con gobiernos anteriores, esencialmente una supuesta distinción “moral” de su gobierno y colaboradores respecto al pasado. “No somos iguales”, hemos escuchado en reiteradas ocasiones.
Pero conforme avanza la administración y se acerca el fin del sexenio, aparecen —también de forma repetida— casos, incidentes, testimonios, grabaciones y señalamientos de corrupción.
En esta misma semana los fajos de dinero en efectivo relacionados a la catilinaria Layda Sansores, ariete fulminante en contra de Alito Moreno, su antecesor en el gobierno de Campeche. Ha sido la actual gobernadora, la responsable de las continuas filtraciones de videos y acusaciones por enriquecimiento ilícito, peculado y desviación de fondos en contra del actual presidente nacional del PRI, que por cierto, ojalá y algún día prosperen en una acusación formal y sustentada con carpeta de investigación y evidencias contundentes.
Ella, la inquisidora Sansores, la Torquemada del trópico, se enfrenta ahora a evidencia irrefutable de dinero en efectivo manejado, distribuido y operado por su gobierno, colaboradores y oficina.
Se defiende la gobernadora al decir que era para programas sociales, de la misma forma que se defendió el histórico René Bejarano —'El señor de las ligas’— aludiendo que era para campañas electorales.
Pero el hecho es que hay evidencia de dineros mal habidos, obtenidos de forma clandestina e ilícita y, por supuesto, no reportados al fisco, a la Tesorería ni a nadie.
Parece corrupción, huele a corrupción, seguramente se trata de…
Cuando el presidente afirma que son diferentes porque no hay corruptos en Morena y que “ellos” —así lo dice— actúan en “beneficio del pueblo” —lo que él interprete que eso quiera decir—, se refiere precisamente a que no hacen este tipo de chanchullos: manejo oscuro de efectivo, maletas llenas de dinero, depósitos de carrusel para múltiples beneficiarios, su propio secretario particular, Alejandro Esquer, grabado en una sucursal bancaria haciendo esas operaciones.
Pero la evidencia dice lo contrario.
Y de aquí a 2024, cuando la lucha por la sucesión se agudice, esas evidencias empezarán a aflorar por todos lados. En primer lugar porque existen, y el temor a la persecución ha predominado en estos años. En segundo — como sucede siempre— algunos grupos políticos avanzarán y conseguirán posiciones, cargos, presupuesto, contratos y marginarán a otros que no fueron privilegiados. Habrá múltiples evidencias, que finalmente demostrarán lo que ya sabemos. No son tan diferentes.
En una investigación reciente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se da cuenta del hallazgo de por lo menos 11 contratos suscritos entre Pemex Internacional y la empresa estadounidense Baker Hughes, por un monto superior a los 29 millones de dólares.
Se trata de la empresa americana que negó en su momento, tener relación alguna con la célebre ‘casa gris’ probablemente rentada, pero ciertamente ocupada por el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán.
Es decir, una sólida evidencia de conflicto de interés, puesto que la empresa beneficiada con los contratos de la paraestatal estadounidense, otorgó —¿a cambio?— al hijo del presidente y su esposa, una contraprestación, favor, regalía, comisión por la obtención de dichos contratos. Más aún, el primero de ellos, está firmado justamente el mismo día en que el susodicho primogénito presidencial, ocupó la residencia.
Recordemos que la mansión era propiedad de Keith Schilling, unos de los altos ejecutivos de Baker Hughes.
Ante la SEC (Security Exchange Commission) y ante el FBI existen denuncias por conflicto de interés entre Baker Hughes y Pemex, un delito penado y muy perseguido en Estados Unidos, por las prácticas de muchas corporaciones estadounidenses que tienen tratos con empresas en Latinoamérica y Asia. El soborno, la comisión, los viajes a paraísos exóticos, las playas o residencias de lujo son mecanismos comunes mediante los cuales, dichas corporaciones disimulan corrupción ejercida para obtener contratos y beneficios.
Lo interesante en estos días es que el señor José Ramón López Beltrán está en la Ciudad de México. Muchos se preguntan si vino a renovar su visa, a cambiar su estatus migratorio puesto que ya tiene inversiones y negocios —deportivos, por cierto— en los alrededores de Houston, o se está protegiendo de potenciales investigaciones en Estados Unidos.
Tanto discurso de pureza moral en este régimen, para que no sólo destacados morenistas, sino la propia familia del caudillo, se vean involucrados en escándalos y evidencias que apuntan a conductas corruptas y delictivas.
Esto apenas inicia y se inclina a marcar un señalado parecido con los corruptos de otros tiempos. No tan diferentes, al final.