México tiene severos problemas. Algunos de ellos, heredados del pasado y de anteriores administraciones, ciertamente agudizados en esta. Otros enteramente provocados por el actual gobierno.
La inseguridad pública, la cultura criminal y la impunidad en aumento, no son problemas nuevos ni recientes. Hace muchos años que la descomposición del tejido social a causa de las acciones del crimen organizado, empezaron a minar la paz y la tranquilidad en docenas de ciudades en la República mexicana.
Lo que es inédito, es la inacción del gobierno, el repliegue de las fuerzas del orden, la permisividad con que operan hoy cárteles, tratantes, contrabandistas y huachicoleros: son los dueños de regiones completas.
La salud gravemente golpeada y evidenciada por la pandemia, dejó al descubierto un aparato de salud pública deficiente, incapaz y deteriorado. Tampoco es nuevo, pero las decisiones de este gobierno, la desaparición del Seguro Popular, la invención del elefante blanco llamado Insabi han empeorado la situación. A esto sume usted, la designación de titulares incompetentes al frente de las instituciones del sector.
La educación abandonada en las prioridades del gobierno. El pacto electoral —a punto de romperse, por cierto— con los sindicatos magisteriales (SNTE y CNTE) impulsó a AMLO a su victoria de 2018. A cambio recibieron como premio la eliminación de la reforma educativa que por fin, en más de seis décadas, apuntaba a mejores rendimientos, evaluaciones y competencias con base en capacidad y experiencia, y no en militancia gremial. Eliminados programas, sustraídas partidas presupuestales, la educación pública subsiste con el mínimo esfuerzo, cuando en el mundo sucede una revolución educativa, aquí se preparan libros de texto repletos de contenido ideológico que alaba a la 4T. Lamentable y regresivo.
La energía, el tema polémico y de debate en estos cuatro años por las acciones para desmantelar un mercado libre y abierto a generadores de energía múltiples para ofrecer no sólo mejores tarifas, sino energía limpia a los mexicanos, ha sufrido un golpe nacionalista y estatista, al eliminar a proveedores privados nacionales y extranjeros, en franca violación al T-MEC.
En ese terreno, en el del comercio internacional que se ha recuperado vigorosamente después de la pandemia, tenemos consultas con nuestros socios del norte que, seguramente, concluirán en paneles de controversia ante la incapacidad del gobierno mexicano para negociar y ceder en determinados contratos y prestaciones. El sector de los duros, Nahle, Bartlett y Romero de Pemex, dejará como legado un grave daño a la nación, al posicionamiento de México como generador de energías limpias, y peor aún, con un sistema viejo, caduco y altamente contaminante.
Es decir, tenemos problemas serios y profundos, que son responsabilidad del gobierno en turno.
Y sin embargo, nuestro presidente, a quien los pendientes y el trabajo no le faltan, prefiere marchar por las calles; volver a su anhelado rol de líder social, de activista de causas, delegando las muy serias responsabilidades de su cargo.
Con su anuncio de ayer al convocar a una marcha el próximo 27 de noviembre, encabezada por él mismo, pretende demostrar un músculo competente hacia las elecciones de 2023 y 2024.
Después de los centenares de miles que marcharon por 26 ciudades de la República Mexicana, sin la organización ni movilización de partidos políticos, sino en respuesta al llamado de organizaciones civiles para defender al INE, AMLO como siempre, obnubilado, confundido, atrapado en el marasmo de sus complejos y conceptos ideológicos, desafía con “a ver a quién le sale más grande”.
¿Y si mejor se pusiera a trabajar? ¿Y si mejor invirtiera su tiempo en buscar soluciones a los muchos de los problemas cuya estrecha lista aquí hemos compartido?
López Obrador es el presidente más poderoso de México en 30 años, tal vez desde Salinas de Gortari. Controla el Congreso, ambas cámaras con relativa y a veces rebelde incomodidad; tiene peso en la Suprema Corte, el gobierno federal no mueve un ápice presupuestal o administrativo sin la aprobación de AMLO. Su movimiento tiene mayoría en 22 congresos estatales, donde muchos gobernadores también morenistas responden a los dictados del presidente. Ha intervenido los órganos autónomos (Cofece, IFT, CRE, CNH, CNDH y muchos otros) hasta su práctica desaparición. Sometidos, sumisos, irrelevantes ya en el contrapeso del poder.
¿Necesita demostrar músculo político? ¿Salir a la calle a alardear triunfos y victorias de una transformación trunca?
México necesita un jefe de Estado. Uno serio, comprometido, enfocado en resolver los problemas nacionales, en construir puentes de diálogo y concertación entre los mexicanos. No nos sirve un activista político en Palacio Nacional, porque —como la evidencia demuestra con claridad— no resuelve.
Se pondrán en acción todos los mecanismos morenistas de movilización. Seremos testigos de docenas, cientos de autobuses pagados por los gobiernos, que trasladen desde todas las entidades a sus simpatizantes. El caudillo quiere demostrar que aún tiene la fuerza y el respaldo que lo llevó a la presidencia.
Sólo para las comparaciones inevitables que vendrán el lunes 28, después de su marcha: la del pasado domingo fue ciudadana, sin partidos ni movilización, transporte, lonches, o pagos. Fueron ciudadanos independientes que salieron a expresar su defensa al INE.
El día 27 veremos un enorme aparato partidista, dispuesto y desplegado al servicio del presidente.
Consulta más columnas en nuestra versión impresa, la cual puedes desplegar dando clic aquí