Los priistas en el Congreso (diputados y senadores) enfrentarán en las próximas semanas tal vez una de las definiciones más profundas de su vida partidista: votar la retardataria y apocalíptica iniciativa de reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador, o rechazarla por congruencia con su propia reforma (2013), por ética política y por –esa debiera ser su motivación primaria– el bien de México.
Como todo en política es mutable, cambiante, negociable y acomodaticio, el resultado de esa votación por parte de la bancada del PRI puede arrojar cualquier resultado.
Uno puede ser el voto disciplinado y cerrado que ordene la dirigencia –ya lo están intentando en reuniones con Alito Moreno y Rubén Moreira– a favor de la desgracia eléctrica. Es decir, complacer al presidente, actuar de forma pragmática en el sentido del régimen, que no es otra cosa que la propia naturaleza del PRI histórico.
Otro resultado puede ser el voto de oposición, en bloque con el PAN, MC y algunos otros que se sumen, para detener el esfuerzo monopolizador y expropiatorio de la señora Nahle y el señor Bartlett.
Un tercero puede ser la ruptura, un voto fragmentado donde cada uno vote de forma libre e independiente –inusual al interior del PRI– y negarle al presidente los votos indispensables para aprobar su adefesio.
Para el PRI no es una decisión sencilla, puesto que demasiados elementos están en juego como fuerza política, y como carreras individuales cuyo futuro pueda verse eliminado a partir de su postura.
Corren versiones fundadas de que el gobierno, el SAT y la UIF cuentan con sendos expedientes que acusan la trayectoria de negocios, contratos y prebendas que no pocos legisladores del PRI acumulan en su camino político. Por no hablar de aquellos que ejercieron cargos relevantes en la administración anterior, y además de los negocios, las empresas fantasma y otros detalles, aparecen evidencias que apuntan a posibles desvíos, desfalcos y lavado. En síntesis, se pueden jugar la carrera política, la libertad y el patrimonio, que eventualmente podría ser incautado.
Si obedecen a sus dirigentes, optan por la praxis política más llana y pueril, evitarían –es la promesa– ser llamados por la justicia.
Esto quedó evidenciado con la elocuente expresión del señor Alito Moreno en reunión a puerta cerrada con 70 diputados de su partido hace unos días, en que pronunció, ante la inconformidad y rebeldía de algunos legisladores, “luego no me vengan a pedir que detenga su expediente en el SAT o en la UIF”. ¡Qué tamaño de declaración!
Cuentan los presentes que causó extendido silencio. La advertencia clara y frontal de que la conducta individual y libertaria de algunos legisladores podría tener consecuencias, incluso jurídicas, para algunos de ellos. ¡Devastador!
El señor líder nacional del PRI parece, por esta afirmación ante sus colegas de partido, que se ha convertido en algo así como un gestor de casos y expedientes frente a la administración actual. Arregla, controla, detiene, gestiona a favor de amigos, exfuncionarios, legisladores. Todo esto, suponemos, a cambio de algo que sea de valor para el gobierno. Y no puede ser otra cosa que el voto unánime, irrestricto, a favor de las iniciativas del presidente.
Siempre hay mecanismos para disimular, y se aclara por anticipado: tal o cual votarán en contra para que no parezca que nos vendimos, o para proyectar la imagen de disidencia.
Nadie como el PRI –y sus hijos políticos, PRD y Morena– para conocer en detalle esas prácticas truculentas.
Valiente la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien se pronunció sin ambages la semana pasada con un rotundo “desde el Senado le decimos NO a la iniciativa del presidente”.
Se ganó no poca animadversión entre sus correligionarios: “¡Qué pasó Claudia! Nos dejas en ridículo...”. Algunos de los reclamos.
Alito ejerce presión sobre sus diputados. Los invita a reflexionar, a analizar, a estudiar las ventajas que esta reforma pudiera traer a México. Busca el resquicio para justificar la contradicción brutal de haber impulsado una reforma de apertura, y ahora derribarla con otra de corte proteccionista.
Figuras del PAN afirman: “sería el suicidio político del PRI” apoyar la reforma eléctrica, patear lo alcanzado por su propia reforma energética (2013). Votar a favor esta iniciativa significa cerrar el mercado, alejar las inversiones, eliminar los órganos reguladores autónomos, contaminar, provocar un sinfín de litigios, juicios y demandas y colocarnos, con cinismo, a la cola del mundo en materia de avance energético. Y ya por último, desabasto y tarifas elevadas.
¿De cuántos priistas en las cámaras tendrá expedientes el gobierno? ¿De cuántos exsecretarios, exgobernadores, exfuncionarios habrá material suficiente para acusaciones formales? De entrada los dos líderes que impulsan tan locuaz medida: el propio Alito y el inefable Moreira.
A los simpatizantes del gobierno, ahí tienen su valiente y denodada lucha contra la corrupción: Lozoya en el lujo de la libertad, y los expedientes contra corruptos utilizados como moneda de cambio político. La misma mugre de siempre.