Ayer un grupo de agentes del FBI entró a la propiedad del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida –su mansión de descanso conocida como Mar-a-Lago–, en cumplimiento de una orden judicial.
La orden de cateo buscaba documentos, registros, textos, papeles que demuestren actos, decisiones, conversaciones y conductas.
Hay mucho en juego.
Por lo menos tres procesos judiciales distintos. Uno en el estado de Georgia, que investiga la denunciada intervención del señor Trump en los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2020, ejerciendo presión sobre funcionarios del gobierno local –al propio gobernador– y representantes republicanos, para eliminar la victoria demócrata en ese estado. Literalmente, según las declaraciones, le pidió a funcionarios estatales: “Consíganme 11 mil votos, es lo que necesito”. Trump quería manipular el conteo, descalificar votos demócratas y ‘hacer aparecer’, como por arte de magia, miles de votos a su favor que inclinaran la balanza. Ese proceso judicial es local, está en curso y avanza en contra del expresidente.
El segundo tiene su sede en la Fiscalía de Nueva York e investiga malversaciones, fraude inmobiliario, defraudación fiscal y esquemas de lavado de dinero en la entonces Fundación Trump y las empresas del magnate. Todo apunta hacia una práctica generalizada para inflar el valor de propiedades bajo el control de su grupo inmobiliario, y luego desviar las ganancias hacia la fundación, que servía como lavadora de dinero y para evitar el pago de impuestos. Un esquema criminal. En este juicio ya declararon sus tres hijos mayores, quienes, por cierto, están implicados como codirectivos de las empresas y también de la fundación.
Por último, el más importante: el comité especial del Senado para los sucesos del 6 de enero, en los que miles de manifestantes atacaron el Capitolio, en un claro intento por descarrilar la calificación de la jornada electoral que le otorgó la victoria a Joe Biden.
En los últimos meses el comité, a pesar de todas las críticas y zancadillas republicanas para bloquear su trabajo, ha conseguido de forma impecable demostrar al gran público estadounidense que hubo una conspiración planeada y realizada para impedir el reconocimiento del triunfo electoral de Biden, acusar un supuesto –e inexistente– fraude electoral en contra de Trump y ejecutar, en los hechos, un golpe de Estado ‘suave’ sin la intervención militar para mantener a Trump en la Casa Blanca.
El FBI busca evidencia incriminatoria de todo esto.
¿Qué tanto estuvo involucrado el entonces presidente en los sucesos del 6 de enero? ¿En qué medida su incendiario discurso fue un detonador esencial para los ataques? Existe ya bastante evidencia proveniente de los cientos de testimonios que el comité ha recabado.
Pero falta la última tuerca que permita vincular instrucciones precisas de Trump en este sentido. Textos, notas, órdenes por escrito, los famosos registros telefónicos de más de 11 horas ese día que se han negado a proporcionar, afirmando que se extraviaron.
En paralelo, una reportera del New York Times publica esta semana el libro Confidence Man (El hombre de confianza), donde detalla el hábito de Trump de tirar documentos, notas y papeles al retrete. El libro exhibe fotografías de baños en la Casa Blanca donde el presidente arrojaba documentos y narra testimonios de ayudantes y funcionarios que tuvieron que ir a rescatar notas de reuniones de botes de basura.
La responsable de la Oficina de Registro de la Casa Blanca detalla cómo era muy difícil hacer su trabajo, puesto que tiraban todo y no dejaban documentos en las salas de juntas, por lo que después tenían que ir a buscar restos tirados en basureros o escusados.
Ésa era la Casa Blanca de Trump, el caos y desorganización que ya han sido detallados por otros en libros anteriores.
El FBI llegó este lunes a su propiedad, entró especialmente al área de sus oficinas e incluso –se quejó Trump en medios– abrieron su caja fuerte.
El Buró de Investigación no ha informado nada acerca de lo que encontró o retiró, amparado bajo una orden judicial de cateo.
Pero muchos aseguran que Mr. Trump está en severos problemas con las múltiples ventanas judiciales abiertas en su contra.
La pinza se cierra, pero el tiempo apremia. Si Trump anuncia su postulación a la presidencia para obtener, una vez más, la candidatura republicana este mes de noviembre, se hará prácticamente intocable, puesto que todo proceso en su contra será señalado como una persecución política.
Las fiscalías con expedientes en su contra deben acelerar sus investigaciones para formular o no cargos concretos. De otra forma, quedarán abultadas carpetas de testimonios y acusaciones en su contra, que podrían no convertirse en acusaciones formales.