En lo que va de este año 95 ciudadanos árabes israelíes han muerto en actos de violencia delincuencial en Israel. En 2020 fueron asesinados en la comunidad árabe, el doble de las muertes violentas entre la mayoría judía. Alrededor de 21.0% de la población de Israel, 2 millones de israelíes son descendientes de los palestinos que durante la guerra de 1948, que marcó la creación del Estado de Israel, no abandonaron sus hogares.
La espiral de criminalidad contra los árabes-israelíes se ha agravado en los dos últimos años y golpea igual a mujeres, niños o simples transeúntes sorprendidos por un tiroteo. Muchas familias árabes-israelíes han obtenido armas de fuego para defenderse de las bandas criminales, evidencia de que las fuerzas de seguridad de Israel han fracasado en su misión básica de proteger a los ciudadanos.
Se estima que las armas que circulan en comunidades árabes suman entre 200 mil y 400 mil, muchas de ellas robadas del Ejército y en su mayoría en manos de grupos delincuenciales.
En este ámbito surgió la organización Madres por la Vida en 2020 tras una ola de asesinatos familiares de las víctimas de la violencia y grupos de activistas árabes organizaron una marcha desde la ciudad de Haifa en el norte del país hasta Jerusalén para reclamar a las autoridades israelíes medidas urgentes contra el auge de la criminalidad; a la marcha se sumaron miles de judíos de la ciudad de Tel-Aviv, lo proclama de la marcha fue “la sociedad está harta”, ha perdido la fe en el Estado y desconfía de la policía.
La marginación, la miseria y la violencia han engendrado entre la población árabe-israelí una sensación de abandono por parte del Estado de Israel, al que acusan de haberse desentendido de una quinta parte de sus ciudadanos.
Entre los principales factores que explican el auge de esta delincuencia, destaca la transformación económica experimenta, con la aparición de una clase media de empleados calificados y comerciantes. Estos sectores menos tradicionales les han roto con la costumbre de someter a los jeques de los clanes patriarcales las disputas, para zanjarlas mediante un Suiha (arreglo de reconciliación). Las bandas ofrecen ahora este servicio al mejor postor.
En paralelo la erradicación en las mafias judías que imponían su ley en las ciudades de la Costa, tras una operación policial de años con apoyo de agentes del Shin Beth (seguridad interior) desvió parte de la actividad delictiva hacia las poblaciones árabes. Los miembros de las bandas se han infiltrado en el tejido económico hasta controlar las concesiones de servicios públicos municipales, mientras ejercen el floreciente negocio de cobrar impuestos de protección a comerciantes y empresarios.
La hegemonía también obedece a relaciones secretas con el poder. Agentes policiales han responsabilizado al Shin Beth de haber ofrecido inmunidad a algunos delincuentes a cambio de transformarse en confidentes e informar sobre actividades nacionalistas en el seno de la comunidad. Mientras las fuerzas de seguridad se han limitado a llevar la cuenta de los crímenes, a pesar de que nueve de cada diez tiroteos se producen en zonas habitadas por la principal minoría de Israel.
Con la incorporación a la coalición política que llegó al poder en Israel en julio pasado, encabezada por Naftali Benet, de un partido árabe, el Islamita Raam, por primera vez en la historia de Israel, el nuevo gobierno prometió a la comunidad de origen palestino un plan de inversiones de alrededor de 8,000 millones de euros en 5 años y que incluye una partida de casi 300 millones para la lucha contra la delincuencia.
Asimismo, desde agosto pasado se creó un cuerpo especial contra el crimen en este colectivo. El oficial árabe de mayor graduación, Jamal Akrush ya ha sido amenazado por las bandas. Su casa fue tiroteada.
El primer ministro Naftali Benet, en una reunión ministerial del 3 de octubre pasado expresó su voluntad de lidiar con vehemencia con el crimen organizado que “ha creado un Estado dentro de un Estado”. Señaló que la violencia en las comunidades palestinas ha llegado a una línea roja, alcanzando proporciones escandalosas. De aquí la decisión de Benet de formar un Comité con varios ministros que incluye al Ejército y al Servicio de Seguridad Interna (Shin Beth) en las tareas para frenar la criminalidad y la proliferación de armas en las comunidades árabes. El reto es colosal, empero, la decisión de erradicar la delincuencia está encabezada por el más alto nivel político del país.