El informe 2026 sobre barreras al comercio exterior ofrece un diagnóstico detallado y, en muchos sentidos, preocupante del estado de la relación comercial bilateral. Si bien las cifras macroeconómicas confirman la extraordinaria relevancia del comercio bilateral, se reitera la existencia de fricciones regulatorias, institucionales y de política pública que amenazan con erosionar la fluidez de los intercambios comerciales y ensombrecer las perspectivas del proceso de revisión conjunta del T-MEC.
El sector energético representa, quizás, el flanco más vulnerable de México de cara a la revisión. El reporte documenta un retroceso estructural de proporciones considerables. La reforma constitucional y las leyes secundarias consolidan la prevalencia de la CFE y Pemex, garantizando a la CFE al menos el 54% de la electricidad despachada a la red y limitando la participación privada. Las modificaciones reglamentarias al sector de hidrocarburos reducen significativamente los plazos de permisos de importación y comercialización, y prohíben ciertas actividades de trasbordo de combustibles, todo ello en detrimento de operadores privados y en beneficio exclusivo de Pemex. Adicionalmente, empresas estadounidenses reportan pagos vencidos de Pemex que superan los 2,500 millones de dólares, una cifra que por sí sola refleja la profundidad de la crisis de confianza en el sector.
En materia aduanera, las reformas a la Ley Aduanera han incrementado sustancialmente la carga regulatoria. La imposición de responsabilidad objetiva a los agentes aduanales, la exigencia de información adicional por cada operación de importación y la ampliación de las facultades de detención y decomiso generan un entorno de incertidumbre operativa. A ello se suma la suspensión de un número significativo de agentes aduanales y la falta de apertura de nuevos procesos de certificación desde 2023, situación que contradice abiertamente el espíritu de facilitación comercial del tratado.
El sector de dispositivos médicos, farmacéuticos y agroquímicos enfrenta demoras de entre 18 y 24 meses en la obtención de registros sanitarios y permisos ante Cofepris, organismo que, según el reporte, continúa operando con capacidad insuficiente. La falta de reformas en los procesos de registro sigue constituyendo la principal barrera de acceso al mercado mexicano para estos productos, un rezago institucional que pone en entredicho la voluntad del país de honrar sus compromisos de apertura regulatoria.
En el ámbito de barreras técnicas al comercio, el informe destaca la adopción por parte de México de estándares europeos para sistemas ferroviarios de señalización y despacho, en lugar de estándares norteamericanos, lo que podría obstaculizar la integración del sistema ferroviario regional. También persiste ambigüedad en la norma sobre buenas prácticas de manufactura para dispositivos médicos, particularmente en cuanto al reconocimiento pleno de certificados ISO 13485 y del programa MDSAP para productos destinados al mercado interno mexicano.
Uno de los temas más sensibles es la biotecnología agrícola. Si bien un panel de solución de controversias del T-MEC dio la razón a Estados Unidos respecto del decreto de 2023 que restringía el uso de maíz genéticamente modificado, y México publicó una medida declarando ineficaces las disposiciones impugnadas, el gobierno estadounidense advierte que mantendrá una vigilancia estrecha sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos mexicanos en la materia. La persistencia de cualquier ambigüedad constituirá sin duda uno de los puntos de mayor fricción.
México permanece en la Lista de Vigilancia Prioritaria del Reporte Especial 301 de 2025, con preocupaciones persistentes sobre piratería, productos falsificados, debilidad en la aplicación penal de los derechos de propiedad intelectual y la falta de reglamentación de las reformas de 2020.
En servicios, las barreras en pagos electrónicos y telecomunicaciones continúan sin resolverse, mientras que la desaparición del IFT y su sustitución por la CRT, adscrita al Poder Ejecutivo, genera interrogantes sobre la independencia regulatoria y la capacidad de garantizar condiciones de competencia efectiva.
Finalmente, el informe aborda preocupaciones laborales y ambientales, incluyendo prácticas que confirme al reporte distorsionan la competencia y debilitan los compromisos del tratado.
El proceso de revisión se perfila como un ejercicio de rendición de cuentas en el que México llegará con un expediente cargado de quejas por incumplimientos aparentes y retrocesos regulatorios con implicaciones que trascienden lo comercial y tocan el núcleo mismo de la integración económica norteamericana.
