El mes pasado la OCDE publicó el Estudio Económico México 2026, un diagnóstico integral que reconoce la estabilidad macroeconómica del país, pero que traza una hoja de ruta reformista que, en puntos fundamentales, se contrapone a las políticas adoptadas por el gobierno.
Se proyecta un crecimiento modesto del PIB de 1.4% para 2026 y 1.7% para 2027, tras un magro 0.7% en 2025. Se advierte que reactivar el crecimiento es una prioridad y que México necesita reformas estructurales profundas para elevar su potencial productivo. El documento reconoce logros importantes: la reducción de la pobreza multidimensional entre 2018 y 2024, la solidez del sistema financiero y el dinamismo de las exportaciones bajo el T-MEC. No obstante, las recomendaciones centrales revelan tensiones significativas con la visión del gobierno.
El déficit público alcanzó el 5% del PIB en 2024 (el más alto en tres décadas) y se recomienda una reducción gradual al 3% para 2027. México mantiene la relación impuestos-PIB más baja de la organización y se propone un paquete de reformas con potencial recaudatorio del 4.8% del PIB que incluye medidas específicas y anclar la política fiscal en un marco de mediano plazo que permita una planeación estratégica del gasto. El gobierno, por su parte, ha iniciado una consolidación fiscal, pero ha descartado una reforma tributaria amplia; SHCP ha enfatizado su compromiso con la estabilización de la deuda pública como proporción del PIB sin modificar la estructura tributaria de fondo.
El punto de mayor fricción radica en la reforma judicial. La OCDE documenta que México ha implementado una reforma sin precedentes a nivel mundial: la elección por voto popular de todos los jueces del país y advierte un riesgo de socavar la independencia judicial, señala que muchos de los jueces electos carecen de experiencia judicial previa y recomienda fortalecer los criterios de elegibilidad para futuras elecciones, así como implementar capacitación obligatoria para los nuevos juzgadores. El gobierno, en cambio, ha calificado la elección como un éxito que convierte a México en el país más democrático del mundo y que se busca combatir la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial.
Otro frente de tensión es la eliminación constitucional de la autonomía de reguladores clave subordinándolos al poder central. Se recomienda explícitamente salvaguardar la independencia de las autoridades de competencia y de los reguladores sectoriales, considerándola esencial para atraer inversión privada y garantizar condiciones equitativas de mercado, lo cual choca de frente con la posición del gobierno que considera que la concentración de funciones regulatorias fortalece la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos.
La OCDE subraya que la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica mexicana ha venido disminuyendo y que alcanzar la meta del 38.5% de energía limpia para 2030 exigirá inversión privada significativa en eólica y solar. Recomienda eliminar las barreras a la generación renovable privada y aumentar los impuestos a los combustibles fósiles. Mientras la OCDE favorece una apertura al capital privado en renovables, el gobierno prioriza lo que ideológicamente entiende como soberanía energética y la prevalencia de las empresas públicas del Estado.
El 55% del empleo en México es informal (uno de los niveles más altos de la OCDE) y la raíz del problema está ligada a bajos niveles educativos. Se recomienda una estrategia integral que incluya mejorar los resultados de aprendizaje, expandir la educación inicial y el cuidado infantil y alinear la formación vocacional con las necesidades de una economía digital y verde. Se identifica a la digitalización como palanca clave para elevar la productividad y facilitar la formalización; haber eliminado la autonomía del regulador genera incertidumbre sobre la capacidad de fomentar competencia en un mercado altamente concentrado.
En síntesis, se dibuja un México con fundamentos macroeconómicos sólidos, pero con brechas estructurales que requieren reformas de mercado, fortalecimiento institucional y apertura franca a la atracción de inversión privada.
El desafío radica en encontrar espacios de convergencia dentro visiones divergentes que permitan aprovechar las oportunidades y elevar el crecimiento sin sacrificar la estabilidad lograda.
En última instancia, la respuesta al diagnóstico de la OCDE no será solo una decisión de política económica sino una definición sobre el modelo de Estado que el país construya hacia las próximas décadas.
