México enfrenta un panorama complejo marcado por reformas institucionales recientes que han generado debates sobre la independencia judicial y la división de poderes en general, la falta de transparencia, una recentralización de funciones que sacrifica principios de autonomía de gestión y especialización, y temas cada vez más preocupantes en materia de seguridad y gobernabilidad.
El último reporte de World Justice Project para 2025 arrojó nuevamente un retroceso notable de nuestro país en el Índice de Estado de derecho, ubicando a México en el lugar 121 de 143 países (retrocediendo de nueva cuenta –tres posiciones– en comparación con 2024, una calificación de 0.40 que refleja una caída del 2.8% respecto del año anterior).
Según informes recientes, el Estado de derecho se ve afectado por niveles altos de impunidad, violencia organizada y corrupción, con un puntaje de 43/100 en el índice de Freedom House para 2025, reflejando problemas estructurales que incluyen abusos en materia de derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales.
El año arranca asimismo con un número considerable de asuntos pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluyen el tema de prisión preventiva oficiosa y disputas con actores diversos, lo que seguirá poniendo a prueba la capacidad y la independencia esperada de nuestro máximo tribunal.
El giro hacia un control centralizado desmedido es otro factor que trastoca el sistema de pesos y contrapesos. Esto incluye facultades ampliadas para instituciones como el SAT que puede suspender operaciones con base en indicios administrativos (arrastrando casos al ámbito penal sin pruebas concluyentes), así como una recentralización de funciones en la administración pública en materia de transparencia, competencia y sectores regulados como la energía y las telecomunicaciones.
La elección popular de ministros, magistrados y jueces mostró en su primera etapa un proceso plagado de irregularidades que incrementa la percepción de riesgos y daños asociados a la llamada reforma judicial.
Esto ha erosionado, sin duda, la seguridad jurídica, aumentado la preocupación en torno a los niveles de corrupción, falta de eficiencia e independencia del Poder Judicial. Más allá de la narrativa oficial, lo cierto es que la reforma judicial ha perjudicado clara y seriamente la capacidad del país de atraer inversiones de calidad y de largo plazo.
La violencia ligada al crimen organizado sigue siendo una amenaza constante y permanente al Estado de derecho. La impunidad y los abusos a derechos humanos documentados por organizaciones internacionales complican cada vez más la gobernabilidad del país.
La reforma electoral pendiente y el Mundial de Futbol como coanfitrión agregan presión para mantener una imagen global positiva, con riesgos de polarización y son distintas las voces que destacan ya un deterioro en el país como resultado del menoscabo de principios e instituciones democráticas y del concepto de seguridad jurídica.
La revisión del T-MEC en 2026 será un hito crítico con reclamos potenciales en temas de comercio e inversión, pero probablemente también en materia de seguridad jurídica y temas meta-comerciales como seguridad y migración.
Esto podría incrementar el nivel de tensión y la atención en torno al Estado de derecho en el país al ponerse en la mesa temas como los niveles de corrupción, la protección de derechos laborales, la independencia en la solución de controversias, la esperada autonomía de gestión de agentes reguladores y el regreso a un piso parejo en sectores específicos como el de energía (en el que se han introducido cuñas de prevalencia de las empresas estatales y cuotas de mercado a su favor).
Distintas organizaciones y analistas independientes urgen a priorizar ya la prudencia fiscal y la reconstrucción de confianza para evitar desequilibrios mayores a los generados durante los últimos siete años.
Es positivo desde luego que nuestro gobierno busque revertir el estancamiento económico y atraer inversiones de calidad y de largo plazo, pero debemos recordar que el desgaste del Estado de derecho y de un sentido claro de predictibilidad no abonará en forma alguna a lograr el resultado deseado.
2026 se perfila como un año complicado en el que la consolidación de reformas debería equilibrarse con el diálogo, la sensatez y la capacidad de corregir rumbo.
Aprovechemos el nuevo año y construyamos un empeño renovado de preservar instituciones democráticas y defender el Estado de derecho.
