México cierra 2025 con una economía que, pese a un crecimiento arriba de las expectativas en la primera mitad del año, enfrenta un panorama de desaceleración, fragilidades estructurales y desinversión crónica, y un nada envidiable lugar en la tabla de crecimiento económico en la región de Latinoamérica.
Las proyecciones para 2026, según el FMI y el Banco Mundial, apuntan a un PIB que oscilará entre el 1% y el 1.5%, con riesgos de contracción si persisten las tensiones comerciales y la consolidación fiscal.
Para las empresas y empresarios, será un punto de inflexión marcado por la revisión del T-MEC, presiones inflacionarias y desafíos internos como la implementación de la reforma judicial (con el ingrediente adicional de un juicio de amparo reformado), inseguridad persistente, escasez de energía limpia suficiente y recursos hídricos, además de la transformación digital.
Uno de los mayores desafíos para 2026 será la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión obligatoria podría alterar el flujo comercial que representa más del 80% de las exportaciones mexicanas.
Especialistas han venido advirtiendo posibles aranceles del 25% en sectores clave como el automotriz, el acero y el textil, impulsados por tensiones geopolíticas en EU.
Esto podría continuar frenando el nearshoring que enfrenta obstáculos en logística y cumplimiento de reglas de origen, entre otros.
Empresas exportadoras, como las del clúster industrial, ya reportan un crecimiento del 13.8% en exportaciones en 2025 pese a barreras, pero el 2026 exigirá mayor integración regional y eficiencia operativa para mitigar riesgos.
El impacto en las Pymes será particularmente agudo, ya que la volatilidad en el tipo de cambio del peso podría erosionar márgenes de utilidad.
Distintas voces enfatizan la necesidad de una decisión política para atraer inversión y evitar desequilibrios fiscales derivados de esta revisión.
La inflación podría seguir presionando precios y consumo interno.
El aumento anunciado al salario mínimo y la reducción de horas laborables representan un incremento en costos laborales en los gastos operativos de las empresas. Esto, sumado a incrementos en el IEPS (hasta 90% en bebidas azucaradas) y una recolección fiscal más agresiva, puede asfixiar a las Pymes, según expertos, limitando su capacidad de inversión en productividad.
Para 2026, la generación de empleo se convierte en un reto crítico, con proyecciones de bajo crecimiento que no absorberán la fuerza laboral más joven.
El Paquete Económico 2026 proyecta un déficit fiscal del 3.9%, con recortes en infraestructura del 14%, lo que agrava la debilidad del consumo y la contracción económica observada en 2025.
Las empresas deberán priorizar estrategias de eficiencia, como la automatización, para contrarrestar estos incrementos, en un contexto donde el empleo formal podría crecer marginalmente.
La inseguridad persiste como un lastre estructural: el crimen organizado afecta el poder adquisitivo y disuade inversiones, con reportes de altos índices de corrupción y violencia que impactan directamente en la cadena de suministro. Los Índices de alta criminalidad obstaculizan en forma relevante la inversión privada.
El tema de la reforma judicial no es menor y, pese a la retórica oficial, sí está en el radar de empresas e inversionistas y constituye sin lugar a duda un riesgo cualitativo que ahuyenta inversiones de calidad y de largo plazo.
A lo anterior hay que sumar la poco afortunada desaparición de órganos reguladores autónomos, el recorte presupuestal trasversal que afecta la capacidad de gestión de trámites y las reformas a la Ley de Amparo, amén de las ocurrencias que se gestan en el tribunal supremo, incluyendo el pretender reabrir expedientes ya juzgados en forma definitiva.
La erosión de la confianza institucional, agravada por cambios políticos, frena decisiones empresariales y podría llevar a un estancamiento prolongado.
El 2026 no será un año fácil para las empresas mexicanas, con un crecimiento modesto y riesgos que demandarán resiliencia.
La revisión exitosa del T-MEC podría reducir incertidumbres estructurales y el contar con un marco regulatorio que atraiga inversiones podría rescatar al nearshoring como catalizador potencial.
Es momento de recalcular la ruta y actuar en forma estratégica e inteligente. Nos jugamos el futuro inmediato y el desempeño económico durante el resto del sexenio.
