Cada 28 de septiembre, por mandato de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde el año 2015, se proclamó como el Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información.
En esa fecha, los Estados integrantes de la Organización conmemoramos y recordamos la importancia de garantizar el derecho de acceso a la información y, también, aprovechamos para reconocer a esta prerrogativa como un instrumento que habilita y posibilita el ejercicio de otros derechos humanos.
Así, en su edición de este año, la UNESCO propone abrir el debate, para analizar sobre el equilibrio entre acceso a la información y el uso de la inteligencia artificial, exponiendo tanto los beneficios como los riesgos en el contexto de los principios de buena gobernanza.
La discusión es de la mayor relevancia, en tanto que la digitalización de la administración pública ya se hace presente en nuestro país. Al efecto, acorde con el Índice de Preparación Gubernamental para la Inteligencia Artificial de Oxford Insights, México se coloca en el lugar 22 de los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con base en ese informe, podemos afirmar que nuestro país tiene una buena calificación por su infraestructura digital y las políticas de datos abiertos; sin embargo, presenta áreas de oportunidad en habilidades tecnológicas, digitalización y la innovación en el sector público.
Para ejemplificar estos avances, tenemos que la Dra. Saiph Savage, colaboradora de Investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y directora del Laboratorio de Inteligencia Artificial Cívico en la Facultad de Ciencias de la Computación Khoury, en la Universidad de Northeastern, en su exposición de la Ruta de la Privacidad en Tlaxcala, sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con la UNAM se encuentra trabajando en el diseño de asistentes virtuales inteligentes para que tomen el control de ciertas actividades y trámites en los casos en los que la atención a la ciudadanía resulte muy repetitiva.
Otra muestra del uso de la inteligencia artificial en la administración pública, es el del Servicio de Administración Tributaria, quien ha probado el servicio OrientaSAT como una plataforma de inteligencia artificial que funciona a través de un bot (robot) que permite la interacción con las personas usuarias que desean recibir información y orientación relacionada con las funcionalidades disponibles en los distintos apartados de la aplicación electrónica denominada “Mi cuenta”.
De esta suerte, en México el debate abierto por la UNESCO con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber no es ajeno; por el contrario, la implementación de tecnologías de inteligencia artificial en el sector público, nos lleva a cuestionarnos sobre el uso de ésta y su impacto en la eficiencia y eficacia de la gestión pública, además que pone de manifiesto la necesidad de la construcción de políticas públicas que garanticen la rendición de cuentas en esta Quinta Revolución Industrial.
Sin duda, la inteligencia artificial y la gobernanza electrónica pueden configurarse como insumos fundamentales para alcanzar el acceso a la información en el mundo digital, ya que a través de ellas es posible que más personas accedan a información y los servicios del sector público instantáneamente. La digitalización y virtualidad de la función pública supone una mejora, y presupone la transparencia y la accesibilidad del actuar gubernamental.
No obstante, para que exista un franco equilibrio entre el uso de la tecnología y la gestión pública, es importante tomar en consideración la necesidad de reducir la brecha digital y el acceso a las tecnologías de la información a grupos en situación de vulnerabilidad, para que así garanticemos el verdadero acceso universal a la información y propiciemos el acceso a servicios públicos más eficaces.
La autora es comisionada del INAI.