Hace dos semanas, el secretario Ebrard comentó que estima que la revisión del T-MEC iniciará en el segundo semestre del año, luego de que concluya el periodo de suspensión de los aranceles recíprocos el 8 de julio. Pero no especificó si se refería al inicio del protocolo que establece la ley en Estados Unidos para negociar un acuerdo comercial –conocido como el Trade Promotion Authority (TPA)– o a las primeras reuniones con sus contrapartes de Ottawa y Washington, Dominic LeBlanc y Jamieson Greer, aunque este último parece no tener el apoyo suficiente de Trump.
A diferencia de las atribuciones del Poder Ejecutivo en México y Canadá, en Estados Unidos el Congreso es el responsable del comercio internacional, mientras que el Presidente puede negociar acuerdos con otros países y tiene la capacidad de modificar los aranceles bajo ciertas condiciones, sin tener que consultar al Congreso. Conforme el régimen de comercio internacional se hizo más complejo y las barreras no arancelarias adquirieron mayor relevancia a partir de los 70s, fue necesario elaborar el TPA –antes conocida como la ley del fast track– para establecer la modalidad de las negociaciones (bilateral o multilateral), sus objetivos, los tiempos para alcanzarlos, definir la participación del sector privado y acordar los mecanismos de consulta e información con la oficina del Representante Comercial (USTR), encargado de la negociación. El acuerdo es que si el USTR cumple con las condiciones del TPA, el Congreso apruebe lo negociado sin enmiendas.
El TPA con que se negoció el T-MEC expiró en julio del 2021 y existe un amplio consenso que para su renegociación se requerirá de uno nuevo, aunque hay quienes argumentan que el acuerdo sobre minerales críticos que se negoció con Japón en el 2023, que no se envió al Congreso, establece un precedente en contra. Con TPA, la ratificación de cualquier acuerdo comercial requiere de mayoría simple, primero de la Cámara Baja y después del senado. Aunque hay que destacar que el proceso de ratificación de los 14 TLCs con que cuenta Estados Unidos, incluyendo el T-MEC, implicó cambios al texto de último minuto para lograr los votos necesarios.
Si Trump decide iniciar las negociaciones sin TPA, ya sea como un acuerdo trilateral o dos bilaterales, podría cambiar de parecer durante el proceso y presentarlo para su ratificación exclusivamente ante el Senado, quien tendría que aprobarlo con dos terceras partes de sus miembros: 67 votos. Esto aumentaría la incertidumbre y el costo político de la ratificación, pues será la 120ª Legislatura (2027-29) la encargada de su aprobación y si hoy los republicanos controlan el senado 53-47, los efectos de la política arancelaria de Trump y los retiros de varios de los senadores demócratas que tendrían que competir el próximo año por la reelección hacen muy difícil generar un pronóstico confiable sobre el futuro control de ambas cámaras.
Con TPA, el Congreso vota sobre la iniciativa de ley que establece cómo se implementará lo negociado por el USTR (conocida como implementation bill), no sobre el texto negociado, un documento que se elabora entre el USTR, la Casa Blanca y los comités de Finanzas y de Medios y Procedimientos del Congreso. En caso de que Trump renegociara el nuevo T-MEC sin TPA, ambas cámaras del congreso tendrían que intervenir para aprobar cualquier cambio legislativo para implementar el texto negociado y en caso de alguna incongruencia, podrían solicitar reiniciar la negociación aumentando el costo político.
El gobierno de Sheinbaum tiene que considerar que el TPA que se apruebe para la renegociación del T-MEC incluirá cambios que den mayor margen de maniobra al Ejecutivo y eliminen algunas de las restricciones diseñadas para incomodar al presidente Obama. Algunos de estos cambios se encuentran en la iniciativa presentada en enero por el represente Riley Moore (republicano de Virginia del Oeste) con el apoyo de algunos de los incondicionales de Trump, como Marjorie Taylor Greene.
México tiene que generar desde hoy un verdadero reacercamiento con el Capitolio, sobre todo cuando se encuentra más dividido que nunca. Incluso los legisladores hispanos tienen un caucus por partido. En junio y julio conoceremos las intenciones de Trump para realizar la renegociación del tratado. México puede incidir en el proceso para la elaboración del nuevo TPA con el apoyo del sector privado y del gobierno de Carney y entablar desde ahora relaciones con legisladores clave para la aprobación del nuevo tratado.