Aileen Cannon es una jueza federal de distrito en Estados Unidos nominada por Donald Trump, y confirmada por el Senado en 2020. En esas audiencias de confirmación, le preguntaron si tenía sentimientos de lealtad hacia el entonces presidente Donald Trump. Respondió que no. Pero ahora, parece lo contrario.
El caso del cateo en la residencia de Trump en Florida le fue asignado a Cannon. Todo marchaba por los cauces legales normales, hasta que los abogados de Trump solicitaron que se nombrara a un ejecutor independiente para que revisara el contenido de los documentos confiscados. Se sabe que el FBI recuperó cientos de documentos clasificados que son propiedad del gobierno por mandato constitucional. Un juez tiene la facultad de nombrar a un ejecutor independiente cuando se trata de documentos privados, que normalmente son comunicaciones entre abogado y cliente, para que el ejecutor determine si se viola la secrecía de esas conversaciones.
Puesto que Trump sacó los documentos de manera indebida de la Casa Blanca, tanto el Departamento de Justicia como el Archivo General de la Nación le solicitaron varias veces, y durante más de un año, que los devolviera. Trump y sus abogados devolvieron algunos, e informaron a las autoridades que ya no tenían más. El último recurso fue la orden de cateo, porque el gobierno sabía que aún faltaban documentos, como quedó comprobado por el FBI.
Trump pidió entonces a la jueza Cannon que nombrara un ejecutor especial para evaluar el contenido. La comunidad jurídica estadounidense dio por descontado que la jueza iba a desestimar el argumento, porque no tiene fundamentos jurídicos viables. Pero no. La jueza sacó su faceta trumpiana, y no sólo decidió nombrar al ejecutor especial. También insistió en que el Departamento de Justicia tiene que detener su investigación hasta que el ejecutor evalúe los documentos. Esto puede tomar años.
El Departamento de Justicia está analizando cómo responder, pero es seguro que se presentará una apelación ante el tribunal de distrito. Si los caminos de la justicia funcionan como es debido, no hay manera de que la decisión se sostenga. Pero como uno de los nefastos resultados de la administración Trump fue inundar las cortes con nombramientos de jueces conservadores, sin importar su trayectoria o prestigio jurídico, ya se puede esperar cualquier cosa. Sólo hay que recordar las descabelladas decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia en torno al aborto y a la portación de armas, para saber que la certeza jurídica en Estados Unidos se está tambaleando.
Por lo pronto, Donald Trump ya canta victoria, y está usando el tema como parte de su campaña. Sus ataques al FBI y al Departamento de Justicia son cada vez más violentos, poniendo en peligro la integridad y hasta la vida de sus elementos.
Es posible, según analistas jurídicos, que el Departamento de Justicia no presente una apelación ante el tribunal de distrito. Si lo hacen, aunque ganen, los abogados de Trump llevarán el caso hasta la Suprema Corte, y entonces sí, a esperar años. Pero si dejan correr el proceso, el ejecutor especial podrá emitir su opinión. El Departamento de Justicia está seguro de que todo se llevó a cabo apegado a derecho, y si el ejecutor así lo confirma, se acabó el recurso de Trump.
De una u otra forma, Trump vuelve a demostrar que es más escurridizo que una lombriz.