Jorge Berry

Audiencias (2)

Difícilmente podrá sobrevivir la democracia en Estados Unidos si permiten que los responsables de una verdadera insurrección no sean llamados a cuentas.

Si las audiencias públicas del Comité Investigador del 6 de enero de 2021 no convencen al pueblo de Estados Unidos de que Donald Trump es un delincuente, el país no tiene remedio.

El martes compareció ante el comité el presidente de la Cámara de Representantes del estado de Arizona. Se llama Rusty Bowers, y es un republicano conservador hasta las cachas. Pero también respeta el juramento que prestó para defender la Constitución de Estados Unidos. Bowers recibió una llamada de Trump y su abogado, Rudy Giuliani, el 22 de noviembre, exigiéndole desconocer a los electores que legítimamente votarían por Joe Biden, el hoy presidente, en el Colegio Electoral el 6 de enero, y empoderar a otro grupo de electores que votaría por Trump. Bowers se negó.

Por ello, Trump soltó a sus mastines. En un tuit, Trump publicó el número telefónico de Bower, y se desató la campaña de intimidación. Bowers recibió más de 4 mil llamadas, rabiosos trumpianos cercaron su casa, mientras su hija, enferma de cáncer terminal, agonizaba en el hogar paterno. Pero Bowers no se dobló. Cuando le pidió a Rudy Giuliani, el abogado de Trump, evidencias del fraude electoral que alegaban, Giuliani respondió que eran teorías, pero que no tenía pruebas.

Trump necesitaba voltear tres estados para justificar sus acusaciones de fraude. Esos estados eran Arizona, Georgia y Michigan. Arizona y Georgia tenían gubernaturas y legislaturas republicanas, así que Trump asumió que podía salirse con la suya, pero no fue así.

El comité presentó enseguida lo ocurrido en Georgia, y éste puede ser el flanco jurídico que sepulte a Trump. Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, republicano, era el funcionario responsable de supervisar las elecciones en el estado. Trump le llamó directamente por teléfono. Le dijo que necesitaba poco más de 11 mil votos para voltear el resultado, y que los encontrara. Raffensperger respondió que era imposible, que los números no mienten. Trump pasó 67 minutos en esa llamada, tratando de intimidar a Raffensperger, repito, un republicano. No lo consiguió.

Pero tal vez el testimonio más devastador contra Trump provino de una modesta trabajadora del aparato electoral de Georgia. Wandrea Shaye Moss, por alguna razón, fue señalada por Rudy Giuliani como una operadora electoral profesional, y la acusó de ejecutar un fraude electoral. El entonces presidente Trump magnificó la falsedad, y la acusó públicamente. Las hordas trumpianas se dejaron ir. Sitiaron su casa, y la de su madre. La inundaron de mensajes obscenos y la amenazaron con violencia física y muerte. El FBI tuvo que decirle a su mamá, Rudy Freeman, que evacuara su casa, porque estaba en peligro. Los fanáticos llegaron hasta la casa de la abuela y entraron por la fuerza buscando a Shaye, aterrorizando a una anciana. De eso son capaces.

El problema para Estados Unidos es qué van a hacer. El Departamento de Justicia dice estar atento a las audiencias, y solicita al comité las transcripciones de todos los testigos, que son más de mil. Sólo ellos, comandados por Merrick Garland, pueden presentar cargos criminales. Es, claro, delicadísimo presentar una acusación contra Donald Trump. Pero si alguien lo merece, es él.

Tendría sus costos. Hay una parte de la población que lo sigue apoyando. Hay hasta políticos que lo siguen apoyando. Pero difícilmente podrá sobrevivir la democracia en Estados Unidos si permiten que los responsables de una verdadera insurrección no sean llamados a cuentas. Si no hay consecuencias por la bochornosa conducta de un verdadero criminal como Donald Trump, corren el gravísimo riesgo de que la filosofía enferma del hombre naranja eche raíces y, literalmente, cambie el destino del mundo.

COLUMNAS ANTERIORES

Audiencias
¿Suicidas?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.