La semana pasada me refería al notable deterioro de las relaciones México-Estados Unidos, sin saber que las cosas se pondrían peor. El franco desprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador a la visita de John Kerry, el zar del medioambiente de Estados Unidos, ha creado una situación sumamente peligrosa. El Presidente permitió que Kerry se fuera bajo la impresión de que había un acuerdo para consensuar los términos de la reforma eléctrica, ahora conocida como la ‘ley Bartlett’. Pero lo engañaron. Al día siguiente en la mañanera, el Presidente afirmó que la reforma iba sin cambiarle una coma. Aseguró que jamás aceptó la sugerencia de Kerry. Dijo que simplemente guardó silencio, por lo que no se comprometió. Eso es un acto de cobardía. Es el típico negociador ladino, que no habla de frente y que se escuda en la letra chiquita. Es una posición indigna de un jefe de Estado.
No han caído, todavía, las reacciones serias al planteamiento mexicano. Una legisladora demócrata advirtió que la reforma eléctrica de México le costaría a Estados Unidos 500 mil millones de dólares, y que se los van a cobrar a México si pasa ese engendro. El presidente López Obrador, exhibiendo su legendaria terquedad, sigue buscando caminos para asegurarse de que su reforma sea constitucional.
AMLO sabe que la reforma está muerta en el Congreso. Necesitaba del PRI para pasar la iniciativa, pero el famoso Alito, dirigente nacional priista, anunció sin ambages que votarán en contra de la iniciativa.
El Presidente intenta otro camino. Instruyó a su ministra personal, la magistrada Loretta Ortiz, a redactar un documento verdaderamente risible, declarando la constitucionalidad de la reforma. Se está discutiendo en el pleno, luego de que, al recibir los primeros dos votos en contra de los magistrados, el presidente de la SCJN suspendió la sesión. Será hoy el día en que se conozca la decisión de la Corte. Pero es claro que, jurídicamente, la postura de la ministra Ortiz no tiene mérito alguno. Parece que se la dictaron desde Palacio Nacional, y creo que ningún magistrado, fuera del absolutamente abyecto y entregado presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, podría aprobar el documento. Ni Olga Sánchez Cordero, en sus tiempos en la Corte, se atrevió a presentar ante sus colegas semejante aberración, y miren que era la burla de los demás ministros por su evidente ignorancia.
Claro que, bajo la administración actual, todo es posible. Si los ministros de la SCJN impiden que sea el Poder Legislativo el que apruebe o deseche la reforma eléctrica, estaremos ya instalados en la autocracia total. Seremos Venezuela.
Por otra parte, el numerito de los diputados de Morena y el Partido del Trabajo de formar un grupo legislativo de “amistad con la Federación Rusa” puede ocasionar consecuencias. El representante por Texas, Vicente González, solicitó en una carta pública dirigida al presidente Joe Biden, y al secretario de Estado, Antony Blinken, que revoque las visas para visitar Estados Unidos de los 25 diputados del mentado “grupo de amistad” con Rusia. Entre ellos está el diputado Gerardo Fernández Noroña, famoso por sus trifulcas públicas, pero también porque, con frecuencia, nos regala en Facebook sus aventuras en Nueva York o Las Vegas, lugares que suele frecuentar. No he visto sus fotos de Moscú. Ante la mera posibilidad de que le revoquen la visa, ya vocifera y pide la intervención de la Cámara de Diputados para defender sus “derechos y garantías” ante Estados Unidos.
Lo cierto es que ni Noroña, ni ningún otro extranjero, tiene “derechos y garantías” en Estados Unidos. Igual que México, Estados Unidos es una nación soberana que puede prohibir la entrada a su país a quien se le dé la gana. Noroña, Alberto Anaya, del PT, y los demás, se habrán ganado a pulso la revocación de sus visas con su absurdo teatrito, defendiendo a un país que está masacrando a miles de ucranianos, y que lo saben.
Vamos en camino de colisión con Estados Unidos, y el Presidente debe entender que eso no le conviene a nadie.