Alexander Butterfield era un personaje poco visible en la Casa Blanca que habitaba Richard Nixon al principio de los años 70. Después de retirarse como oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, consiguió trabajo como asistente adjunto de la Presidencia. Tenía a su cargo el funcionamiento de la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde atiende el presidente de la República.
Butterfield, siguiendo instrucciones superiores, supervisó un sistema de grabación de sonido en la Oficina Oval para preservar todas las conversaciones del presidente con sus visitantes.
Cuando estalló el escándalo Watergate, Butterfield fue citado a declarar ante el Comité del Senado que investigaba el caso, y sin darse cuenta de las consecuencias, informó la existencia del sistema de grabaciones. El senador Sam Ervin, de Carolina del Norte, quien presidía el comité, de inmediato requirió la presentación de las grabaciones y Nixon se negó, alegando privilegio ejecutivo. El caso llegó a la Suprema Corte, que votó de manera unánime (8-0) en contra de Nixon. Las grabaciones se convirtieron en la evidencia que condenó a Nixon, quien poco después presentó su renuncia.
Es importante hoy recordar ese pasaje de la historia porque parece repetirse. Me explico:
Mark Meadows fue electo a la Cámara de Representantes en 2013 por Carolina del Norte. Desde entonces, era un conservador radical que fue fundador del movimiento del Partido del Té, opuesto rabiosamente a todo lo que sonara a Obama. Para 2016, se subió firmemente al autobús Trump, convirtiéndose en uno de los principales aliados del presidente en el Congreso. Su apoyo incondicional a Trump fue premiado en marzo de 2020, cuando lo nombraron jefe de la Oficina del Presidente (chief of staff), convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso del país. Sólo Meadows sabe si estaba preparado para la tormenta que se avecinaba.
Mark Meadows estaba en funciones cuando se realizó el proceso electoral estadounidense el 3 de noviembre de 2020. Ante la evidente derrota, Meadows se presentó en Georgia, pidiendo al gobierno republicano del estado que revirtiera el resultado. Las autoridades estatales se negaron.
Meadows fue, se sabe ahora, parte central de la conspiración republicana para desconocer los resultados electorales para mantener a Trump en el poder. Primero escribió un libro sobre todo lo sucedido mientras era jefe de la Oficina de Trump, y luego, en lo que parecía ser un ataque de consciencia, Meadows decidió acatar la orden de presentación de documentos que le llegó del Comité Investigador del 6 de enero de la Cámara de Representantes, que analiza los cómos y los porqués del intento de insurrección, que trató de desconocer los resultados electorales. Además de su libro, Meadows mandó al comité más de 9 mil documentos que demuestran un complot organizado desde la Casa Blanca, con la participación de varios congresistas, para incitar a la violencia a los cientos de fanáticos trumpistas que habían reclutado para tomar el Congreso. Hay muchos embarrados.
De inmediato se expidió un citatorio para que Meadows se presentara ante el comité para explicar detalles y ofrecer contexto de los documentos que envió. En ese momento, quién sabe si por un telefonazo de Trump, Meadows dio marcha atrás, y rehusó presentarse ante el comité, alegando privilegio ejecutivo. Cuando entregó los documentos, Meadows mismo especificó que la información no estaba sujeta al privilegio. Ahora se desdice.
El pleno de la Cámara de Representantes ya votó por recomendar al Departamento de Justicia proceder penalmente contra Meadows por desacato. Igual está el gurú intelectual de Trump, Steve Bannon.
Se está cayendo a pedazos el edificio Trump, porque la evidencia apunta a delitos federales cometidos por el expresidente. De los demás procesos judiciales que enfrenta Trump, tanto civiles como penales, hablaremos más adelante. El urgente, el importante, es éste.