Jorge Berry

El comité y el futuro

Steve Bannon parece dispuesto a desafiar al Congreso y dice que no se presentará ante el comité que investiga los hechos del 6 de enero; pero Bennie Thompson dice que que no lo permitirán.

El representante Bennie Thompson, del estado de Mississippi en Estados Unidos, es el presidente del comité de la Cámara baja que investiga la insurrección del 6 de enero en Washington. Es difícil exagerar la importancia de ese controvertido organismo.

Son nueve miembros, siete demócratas y dos republicanos. Cuando se discutió su formación, los republicanos pudieron conseguir paridad, pero puesto que su intención era buscar que no hubiera comité, el líder republicano de los representantes, Kevin McCarthy, saboteó la formación del comité haciendo exigencias imposibles. Quería que, por lo menos, los demócratas no pudieran presumir de un comité de representación mixta. Pero no pudieron.

Así como en México no podrán lograr que todos los priistas vayan con la reforma eléctrica de AMLO, porque aún hay políticos con vergüenza, así no pudieron impedir que algunos republicanos con visión patriótica más allá de la próxima elección rompieran con el trumpista de McCarthy, y aceptaron integrarse al comité.

Ellos son Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, inventor del fraude de las armas de “destrucción masiva de Saddam Hussein”, pero una política independiente, por supuesto conservadora, pero consciente de la amenaza a la democracia que representa el trumpismo, y Adam Kinzinger, representante de Illinois, exmilitar, y listo para defender el Estado derecho en su país.

Pues resulta que el comité decidió citar como testigo a Steve Bannon, viejo colaborador de Trump. Este sujeto libró la cárcel por un perdón presidencial otorgado por Trump, pero el tipo defraudó millones en contribuciones para construir el muro en la frontera con México, y en realidad se empacó el dinero.

Bannon es una figura central en la insurrección del 6 de enero. Un día antes, en un pódcast, dijo que los acontecimientos del día siguiente serían inesperados, y dramáticos. El comité quiere saber qué información tenía Bannon, si estuvo o no en la Casa Blanca el día anterior, y qué hacía en el hotel Willard de Washington el 5 de enero. Bannon sonríe, y dice que no se presentará ante el Congreso, argumentando privilegio ejecutivo. No lo tiene. Ya la oficina legal de la Casa Blanca le informó que sólo el presidente en funciones, y ése se llama Joe Biden, puede extender el privilegio ejecutivo, y no lo hará.

Bannon, sin embargo, parece dispuesto a desafiar al Congreso, y dice Bennie Thompson que no lo permitirán. El comité, en forma unánime, votó para recomendar un cargo criminal contra Bannon, y hoy el Pleno de la Cámara de Representantes hará lo mismo. La recomendación de presentar cargos irá al Departamento de Justicia, donde su director, Merrick Garland, evaluará si presentan cargos contra Bannon.

Es imposible pensar que ello no ocurra. El Departamento de Justicia tiene en sus manos la credibilidad del Congreso, y desechar la recomendación del Congreso sería eliminar por completo el poder de evaluación y vigilancia del Poder Legislativo sobre los otros dos poderes, y ello alteraría de manera definitiva el sistema democrático de Estados Unidos. Si el Congreso no puede aplicar la ley, el Estado de derecho no existe.

Trump, por supuesto, ya demandó al comité y al Archivo General de la Nación, exigiendo que sus abogados puedan revisar los miles de documentos. El proceso llevaría varios años. Bannon pretende escudarse en ese litigio para postergar su proceso, pero no se lo van a permitir.

Que no quede duda. En esta batalla política está el futuro de la democracia estadounidense, y sin ella, su condición de superpotencia está condenada a desaparecer pronto.

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