Estados Unidos no ha terminado, ni cercanamente, de digerir los lamentables acontecimientos del 6 de enero pasado en el Capitolio. Los demócratas le llaman “insurrección”, los republicanos aceptan, cuando mucho, que fue un “disturbio”.
El hecho es que, como se le llame, el asunto cobró vidas, y puso de rodillas al sistema democrático más sólido y estable del mundo. Uno pensaría que, dado el nivel de la emergencia, todos los actores políticos estarían interesados en averiguar con exactitud qué fue lo que pasó aquella fatídica tarde del 6 de enero.
Recordemos rápidamente que, ese día, el Congreso debía contar los votos electorales para ratificar la inobjetable victoria de Joe Biden en la elección del 3 de noviembre del año pasado. Por la mañana, el todavía presidente Donald Trump habló en un mitin en Washington, pidiendo a sus seguidores que “lo acompañaran” en una marcha hacia el Capitolio, para impedir que los legisladores cumplieran su encargo constitucional. Por supuesto, como buen cobarde, Trump no se apareció, pero sus seguidores marcharon sobre el Capitolio, tomaron las instalaciones e hicieron toda clase de desmanes, mientras enfrentaban a la policía del Congreso, ocasionando muertes y heridos graves. Al final, no lograron su cometido, pero llevaron al país al borde de una crisis constitucional que bien pudo acabar con su sistema de gobierno.
Ante tan graves circunstancias, uno pensaría que es del interés público saber exactamente qué pasó esa tarde. Para ello, ayer pasó la Cámara de Representantes legislación creando una ‘comisión de la verdad’, similar a la que investigó los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
La iniciativa pasó a pesar del rechazo y oposición del líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, quien instó a sus legisladores a votar en contra.
La postura republicana responde a que, con toda seguridad, una investigación independiente encontrará lazos y contubernios entre representantes y senadores republicanos con los insurrectos. Está ya más o menos documentado que algunos representantes republicanos acompañaron a los líderes de la revuelta en una visita previa al Capitolio, donde les dieron un tour de las instalaciones, y en la que identificaron vulnerabilidades. Habrá nombres muy conocidos, y habrá censuras, y muy probablemente expulsiones del Congreso, independientemente de los procesos criminales que siguen su marcha, unos ya con un juicio en puerta para los violentos, otros bajo investigación por complicidad.
Republicanos y demócratas negociaron durante meses para fijar los términos de la comisión. Entre otras cosas, la comisión está formada por 10 personas, cinco demócratas y cinco republicanos, todos con capacidad para enviar citatorios obligatorios. Así que, para justificar su postura, McCarthy argumentó que la comisión debía también investigar a organizaciones como Black Lives Matter, que defiende los derechos de los afroamericanos ante el uso de fuerza excesiva, y otras que surgieron para tratar de acotar el asalto a los derechos ciudadanos que perpetraba Trump. McCarthy, una especie de Mario Delgado gabacho, no pudo detener la legislación.
Ahora, tocará el turno al Senado, donde Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, garantizó que la iniciativa será votada. Mitch McConnell, el líder de los republicanos, no se ha pronunciado, argumentando que su bancada aún no ha decidido si apoyará la iniciativa.
Y cuando llegue el momento de votar en el Senado, surgirá otra vez el viejo dilema de los 60 votos. No le basta a los demócratas la mayoría, necesitan 10 votos republicanos para lograr los 60 votos necesarios para pasar la legislación. De nuevo, serán rehenes de los republicanos, hasta que no se decidan a usar la opción nuclear, que es acabar con el famoso filibuster, para que la mayoría simple, como en cualquier democracia, haga valer su voto. En fin.