Parecía un asunto mayor. ¿Una carta para el presidente Donald Trump firmada por 43 legisladores estadounidenses, acusando a México?
La queja en términos generales consistió en avisar el jueves por escrito al mandatario norteamericano de lo que quiere hacer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador…
Que él quiere, dicen ellos, obstruir negocios de empresas estadounidenses involucradas en actividades de derivados del petróleo. Eso luce serio en primera instancia.
Es claro que el presidente mexicano quiere influir en ese mercado.
Se involucró insistentemente, por ejemplo, en designar a los nuevos 'árbitros' del sector, esos comisionados que dan curso –o digamos que deshacen lo que pueden– a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Con los recursos que tienen los legisladores estadounidenses y ante la seriedad que amerita una advertencia así, seguramente la misiva contendría evidencia demoledora.
Pero el párrafo nuclear de la carta se aproxima más bien a una finta basada en anécdotas:
"Reportes recientes indican que el gobierno mexicano está brindando un trato regulatorio preferencial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y retrasando o cancelando los permisos absolutos para las empresas energéticas estadounidenses. Estas experiencias anecdóticas han recibido crédito adicional recientemente por un memorando filtrado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordena a las autoridades mexicanas utilizar todos los recursos disponibles dentro del marco regulatorio para proteger a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)".
Pausa aquí. Entonces ¿lo que consiguieron fueron viejas notas publicadas en medios de comunicación? Otra pregunta: Si los recursos disponibles están dentro de un marco regulatorio, ¿cuál es la falta? Ese marco fue estructurado antes de la aprobación del TMEC y éste en concordancia con las leyes de cada país.
La carta continúa así: "Adicionalmente, miembros del partido gobernante, MORENA, han presentado iniciativas constitucionales que revertirían la histórica Reforma Energética de 2014 y buscarían renunciar a todos los contratos actualmente vigentes".
Eso sí es para ponerse a pensar, miembros de MORENA no sólo regalan a diario su antipatía a empresarios de cualquier bandera, sino que incluso incurren en una crítica dogmática al uso de la energía del viento y del sol.
Vaya, no hay modo de que varios de sus representantes puedan defenderse bajo argumentos lógicos.
Pero toquemos un caso extremo… digamos que hay discusiones legislativas serias para analizar cambios a la Constitución en materia petrolera.
¿Qué hacen aquellos involucrándose en ellas? Advierten posibles faltas al TMEC, el tratado de libre comercio que sustituyó al TLCAN.
Analicen lo que dice el TMEC en su capítulo ocho llamado Reconocimiento del Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e Imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos:
"En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que: (a) México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna".
El espíritu de la carta del jueves aspira al de la defensa de estadounidenses y mexicanos.
"Las exportaciones de productos refinados a México se triplicaron durante la última década. Un mercado energético integrado de Norteamérica beneficia a los fabricantes de combustibles, a los trabajadores y, en última instancia, a los consumidores mexicanos", dice el texto. Eso es una sociedad útil, indudablemente.
Bien por eso, pero así expuesto el muy posible conflicto, la carta luce anecdótica también y parece ir detrás del interés de cumplir a medias con gremios como American Fuel & Petrochemical Manufacturers, que felicitó la misiva, lo que resulta útil en elecciones como la de la próxima semana que involucran entre otros al senador John Cornyn y al representante Vicente González, dos texanos que promovieron la intención.