La camarera en este momento prepara cócteles Margarita en el área de la alberca. En un rato debe trapear los pisos y luego bajar las escaleras para sacar a la calle grandes bolsas de basura del hotel.
Ese trabajo antes lo hacían tres personas, pero hoy solamente es responsabilidad de ella. Es “afortunada” en estos días en los que nadie sabe si la pandemia ya se va o vuelve para quedarse y los dueños de establecimientos cuidan cada peso y evitan contrataciones dispensables.
Ella trabaja en un establecimiento de cinco estrellas de una de las más grandes cadenas hoteleras mexicanas, en Playa del Carmen. Ella dice que le pagan 4 mil pesos al mes, por lo que discretamente pide dejar la propina en efectivo. Si la dejan con tarjeta, advierte, solo “nos dan la mitad”.
¿Qué tanto beneficio social entrega realmente este hotel a Playa del Carmen?
En las calles principales del pueblo es fácil encontrar a quien ofrece drogas abiertamente. ¿Cuánto podría aguantar ella antes de ceder a quien le ofrezca ganar algo de dinero vendiendo productos adicionales a sus servicios de hospitalidad y limpieza? ¿Por quién votará esta trabajadora?
No hay todavía una manera única de medir criterios sociales en las empresas. Abundan, porque una ola inmensa proveniente de Europa y Norteamérica se levantó a partir de la preocupación de los responsables de administrar enormes cantidades de dinero y bienes, quienes perciben los riesgos de hacer nada.
Los políticos que prometen resolver todo rápidamente, ganan en un país y en otro, bajo la promesa de castigar a los ricos.
Su avance aumenta los riesgos de hacer negocios y deteriora el valor de los bienes. Hay que medir ese riesgo, claramente lo social sube de tono.
En esta dinámica, los gobiernos, particularmente en Europa, finalmente parecen ascender sobre el dominio de ejércitos de cabilderos contratados por las empresas para imponer su intención.
Desde 2015, conforme acuerdos al interior de la ONU, surgieron compromisos y criterios ambientales, sociales y de gobierno para las empresas. Nacieron las siglas ASG; ESG en inglés por las palabras Environmental, Social & Governance.
Como deriva en votos en países avanzados, surgieron distintos modelos para medir esos criterios. Cada región sacó su propia ‘cinta métrica’ y fue francamente un relajo global. Hasta que llegó la pandemia y su crisis económica que cambió la velocidad del mundo.
Para dar un golpe sobre la mesa, brincó este verano el Banco de Pagos Internacionales encabezado por Agustín Carstens, apoyado por la poderosa Christine Lagard, presidenta del Banco Central Europeo, responsable de ‘imprimir’ los euros.
Advirtió seriamente sobre un problema más grande que la pandemia, que se aproxima por la vía del cambio climático y su impacto social. Lo llamó ‘green swan’ o cisne verde. La Unión Europea legisla para detener la importación de productos cuyos fabricantes muestren desdén por este problema.
Paralelamente, un relevante instituto brinda cursos y se prepara para apoyar la convergencia en torno a un solo criterio global para medir estos riesgos.
Es el CFA Institute, del Reino Unido, que tradicionalmente certifica a directores de finanzas en habilidades de contabilidad y ahora entrena gente en materia de ESG investing.
El criterio que parece dominar es el de los Principios de Inversión Responsable de la ONU, apoyado también por Blackrock, que los considera ahora para medir en cuáles empresas invierte y en cuáles, no.
La meta de esas reglas es identificar activos en riesgo dentro de cada empresa, evaluarlos y dar un precio a cada uno, a fin de depurar lo que vale la pena.
¿Compraría Blackrock acciones del citado hotel de Playa del Carmen? No basta que esté bonito si el entorno denota riesgos graves, por ejemplo, el crecimiento de una violencia que ahuyente visitantes. Si no invertiría ahí Blackrock, ¿cuánto vale ese hotel realmente? A esos riesgos ignorados durante décadas, el mundo ya les pone número.
El autor es director general de Proyectos Especiales y Ediciones Regionales de El Financiero.