No es ninguna sorpresa que en tiempos en que los bancos centrales despliegan esfuerzos de restricción monetaria con el fin de atemperar la inflación creciente y sus expectativas, las cabezas del gobierno central y sus ministerios de finanzas expresen críticas sobre la labor de los primeros. Es un encontronazo de incentivos. Por una parte, las autoridades monetarias elevan la tasa de interés de referencia con el fin de frenar el crecimiento de los precios, a través de distintos canales y con un efecto retrasado.
No obstante, uno de los efectos colaterales es el encarecimiento de los costos de financiamiento, el gubernamental incluido. Lo anterior incomoda a las autoridades del gobierno central ante el difícil entorno de financiamiento y frente a los reclamos sobre una economía débil o en contracción, otro canal a través del cual actual la política monetaria. Así, las críticas y agresiones pasivas hacia los bancos centrales se vuelven comunes y las autonomías de ley se ven bombardeadas.
El contexto anterior suele relajarse una vez que los ciclos monetarios restrictivos tocan su techo y comienza un nuevo ciclo de relajación monetaria, inducido por recortes sobre la tasa de política monetaria. Lo anterior con los efectos inversos a lo arriba descrito -de nuevo, materializándose de manera gradual.
El difícil entorno actual, con altas y persistentes inflaciones, tiene enfrentados a algunos de los actores arriba descritos en distintas latitudes. La intensidad del conflicto varía, con críticas de sutiles a explícitas sobre la necesidad de cambios en las prioridades de la banca central, sus decisiones, sus métodos, sus objetivos y su eficiencia.
En este caso, nos enfocamos en la problemática actual en Brasil. Donde las críticas del presidente Lula son directas y públicas. Las mismas demandan no sólo un cambio en el objetivo de inflación (con el fin de elevarlo y hacer más fácil y menos costoso el alcanzarlo) sino reprochan y cuestionan la utilidad de su autonomía. El ambiente ha llegado a tal punto, que el Comité Monetario se reunirá esta misma semana para decidir sobre la conveniencia de modificar el objetivo de inflación.
Podemos analizar aquí todas las combinaciones posibles y sus eventuales costos directos e indirectos. Es decir, si es probable ver cambios en el objetivo de corto plazo, pero no de largo, o si se opta por una opción más radical. No obstante, considero que un costo ineludible será el riesgo moral. El precedente es preocupante y corre el riesgo de dejar a la credibilidad y a la autonomía de la política monetaria trastocada. Lo anterior amén del posible ajuste al alza en expectativas de inflación, justo en el peor de los momentos, y lo que podría convertirse en un nuevo objetivo “igual de difícil de alcanzar”.