Entorno Económico

¿Qué diablos hacemos con los DEG del FMI?

El FMI acaba de hacer efectiva la asignación de los famosos Derechos Especiales de Giro (DEG) con la finalidad de proveer de liquidez adicional al sistema económico mundial.

El FMI acaba de hacer efectiva la asignación de los famosos Derechos Especiales de Giro (DEG) con la finalidad de proveer de liquidez adicional al sistema económico mundial. Como ya sabíamos, la asignación para México fue equivalente a 12 mil 117 millones de dólares. Son justo esos recursos los que se encuentran al centro de un acalorada, polarizada y politizada discusión sobre dos alternativas de uso: mantenerlas como parte de las reservas bajo administración de Banxico o utilizarlas para recomprar deuda soberana/presupuesto público. A continuación, los puntos que considero centrales en la forma de cinco preguntas con sus respectivas respuestas para entender el verdadero y más general dilema de elección.

¿Para qué fueron creados los DEG? Fueron creadas por el FMI a finales de los sesenta como un suplemento a las reservas de sus miembros. En tal sentido, se trata de activos de reserva internacional. No se trata de una moneda en particular, sino de un derecho potencial de reclamo o solicitud de monedas de libre uso de los países miembros del FMI. Es decir, los DEG pueden ser cambiados por dichas monedas. En tal espíritu, su más reciente asignación tuvo como propósito el que los países pudieran hacer frente, a través de mayores reservas preventivas/líquidas, al impacto de la pandemia.

¿México necesita de los DEG? Es importante aclarar que la asignación de DEG tiene un carácter precautorio y no obedece a una necesidad explícita de los miembros que fueron beneficiados por el esquema, México incluido. Es decir, por ejemplo, no obedecen a la necesidad de acumular más reservas en el caso mexicano. De hecho, actualmente las reservas internacionales bajo administración del Banxico se encuentran entre 25 y 30 por ciento por arriba de los niveles recomendados por el FMI como ‘adecuados’. No obstante, el hecho de que tales reservas estén en niveles ‘adecuados’ previo al esquema de DEG, no significa que en una contingencia de alta volatilidad financiera y funcionamiento desordenado de los mercados (similar al ambiente predominante en el contexto de la última vez que la Reserva Federal decidió desacelerar su programa de compra de activos) sea preferible tener ese rango adicional de maniobra.

¿Pueden utilizarse para otros fines? Aparentemente ese es el caso. El detalle es que su disponibilidad para fines fiscales, por ejemplo, involucra procesos específicos de ley a través de los cuales puede el gobierno federal (GF) hacerse de dichos recursos en forma de dólares, por ejemplo. Cada vez queda más claro que tal proceso podría involucrar una emisión de deuda por parte del GF, un probable esquema crediticio aprobado por la Junta de Gobierno o un eventual cambio de ley

¿Para qué puede ser utilizado? Aquí es cuando la situación se pone interesante. Es justo aquí donde uno se encuentra con el principio central de la economía: los recursos escasos conviven con necesidades ilimitadas. Es un juego suma cero, donde siempre hay un costo de oportunidad implícito en la decisión de cómo utilizar cualquier recurso en la economía. Así, y dado que el dinero es fungible, las opciones son mucho más generales que el sacrificio de un esquema precautorio en favor de una recompra de deuda gubernamental. De incluir al Presupuesto, los fines pueden ser variados.

¿Es recomendable utilizarlos? Una vez aclarado que el hecho de que el nivel actual de reservas bajo la administración de Banxico sea ‘adecuado’, no basta para juzgar como innecesarios los DEG como parte de tales reservas, vale la pena preguntarse: ¿cuál es su segundo mejor uso? Creo que la respuesta no es nada sencilla. Si México exhibiera razones deuda a PIB superiores a la media de mercados emergentes o tuviera un calendario abultado de vencimientos de la misma, creo que la respuesta sería más sencilla. No lo es.

El hecho es que lo que se decida hacer puede tener impactos potenciales sobre el riesgo soberano, ya sea a favor o en contra. Por lo mismo, el debate tiene que reencauzarse al ámbito de políticas públicas y menos a la política.

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