Europa ya tiene una fecha y un artículo. Estados Unidos tiene un mosaico de leyes estatales y proyectos que llevan tres años sin cruzar la meta. México, todavía más atrás, tiene algo distinto y más delicado: la tentación de usar el etiquetado de la IA como excusa para regular algo que no es la IA, es la información.
El 2 de agosto entró en vigor el Artículo 50 de la Ley de IA de la Unión Europea, que obliga a marcar de forma legible por máquina el contenido sintético que pueda confundirse con contenido real. Anthropic, OpenAI y otras empresas ya anunciaron que aplicarán esa marca de agua de forma global, no solo para usuarios europeos, porque estandarizar sale más barato que mantener dos versiones del producto. Estados Unidos no tiene equivalente federal. Lo único que existe es un compromiso voluntario de 2023 sin fuerza de ley y un mosaico estatal encabezado por California, cuya Ley de Transparencia en IA (SB 942) entró en vigor también el 2 de agosto y obliga a los proveedores grandes a ofrecer detección gratuita y marcas de agua latentes. Lo más cercano a una ley federal, la No Fakes Act, avanzó en el Senado en junio, pero protege la voz y la imagen de alguien ya suplantado, no exige que el contenido nazca etiquetado. Es reparación después del daño, no prevención antes de que ocurra, y ningún proyecto en Washington resuelve todavía si una ley federal debe sustituir al mosaico estatal.
México no está ni donde Europa ni donde Estados Unidos. No tiene ley de IA, ni de marcas de agua, y acumula desde 2021 al menos cinco iniciativas sueltas que compiten entre sí sin convertirse en marco: una Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la IA de Morena y el PVEM, una iniciativa ética del PAN, reformas sueltas al Código Penal y a la Ley Federal del Derecho de Autor, y una Ley Nacional para Regular el Uso de la Inteligencia Artificial, presentada en febrero por la senadora morenista Karina Isabel Ruíz, hoy detenida en comisiones. El asunto específico de la marca de agua vive dentro de esa maraña: en junio, la diputada de Morena Gabriela Jiménez Godoy propuso que fotos y videos hechos con IA la lleven de forma obligatoria, después de que la propia presidenta Sheinbaum llamara a abrir el debate. Sigue sin dictamen.
El problema no es solo la fragmentación, es el contenido de fondo. La Ley Nacional de la senadora Ruíz sanciona contenidos bajo criterios amplios y poco definidos, lo que analistas y organizaciones civiles ya señalaron como riesgo de convertir al Estado en árbitro de qué es verdad y qué no, una suerte de “ministerio de la verdad” con facultad de multar. El riesgo, como advirtió un análisis de Infobae, no es necesariamente la censura directa, es usar el aparato regulatorio como mecanismo de presión, desgaste o intimidación contra medios y voces críticas. No es un temor aislado ni exclusivo de la ley de IA: la misma lógica de “censura por goteo” (llenar al periodista y al medio de obligaciones, procedimientos y multas hasta que ya no valga la pena publicar) es la que organizaciones como R3D documentan en la llamada Ley Serrano, hoy bajo revisión de la Suprema Corte por una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH. Que la obligación de etiquetar contenido sintético termine en manos de la misma arquitectura regulatoria que ya se usa para desgastar a la prensa no es una hipótesis lejana, es el patrón más reciente de este gobierno.
Ahí está el problema real de mezclar una herramienta técnica (la marca de agua, que debería ser tan neutral como un código de barras) con una facultad política (decidir qué información circula). Si el mismo órgano que certifica la autenticidad de un video también tiene poder para sancionar contenido “engañoso” con criterios ambiguos, la marca de agua deja de proteger al usuario y empieza a proteger al gobierno en turno. México necesita separar ambas cosas por diseño: adoptar el estándar técnico abierto que ya usan Europa y las propias empresas de IA (C2PA), en lugar de inventar un formato mexicano que nadie más respetaría, y blindar cualquier autoridad de supervisión con independencia real del Ejecutivo, no un organismo que reporte a Palacio Nacional. También le conviene priorizar el etiquetado de contenido político-electoral antes de las intermedias de 2027, que es donde el riesgo de un deepfake bien timeado pesa más, y evitar la tentación de crear registros y sanciones amplias antes de tener capacidad técnica real para operarlos.
La pregunta para Washington es si legislará el etiquetado antes o después de que el resto del mundo decida cómo se ve un contenido confiable. La pregunta para México es más urgente: si va a legislarlo como una herramienta de transparencia, o como una más de las excusas para decidir, desde el gobierno, qué se puede decir y qué no.
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