Hay una forma sencilla de medir el deterioro de una institución: observar si todavía puede cumplir su función más básica. Para el Instituto Nacional Electoral, esa función es entregar a tiempo el documento que identifica a un ciudadano y le permite votar. Desde finales de mayo, el INE no lo está logrando. Un trámite que hasta hace pocas semanas se resolvía en dos o tres días hoy puede tardar más de veinte. Para el 10 de junio, el propio instituto reconoció más de 645 mil credenciales pendientes de producción, una cifra que en apenas diez días había crecido en más de 220 mil documentos. En los módulos, la explicación que se ofrece a quien reclama es siempre la misma: un cambio de proveedor que está afectando la operación a nivel nacional.
La explicación es, en el sentido más literal, cierta. El instituto sustituyó a la empresa encargada de producir las credenciales y, junto con ese cambio, introdujo un nuevo modelo con “elementos de seguridad adicionales”. Pero el problema es más de fondo. Cualquier organización seria que planea sustituir a su proveedor en un insumo crítico (más aún uno que es la columna vertebral de su identidad institucional ante la ciudadanía) diseña una transición escalonada que evite precisamente lo que ocurrió: una caída abrupta en la capacidad de producción justo cuando el padrón electoral debería estar fortaleciéndose rumbo a 2027. Que una consejera del propio instituto haya tenido que admitir públicamente que se subestimó el impacto logístico del cambio no es un detalle administrativo. Es la confirmación de que la planeación falló donde no debía fallar.
El problema es que esta falla no ocurre en el vacío. Ocurre en un INE que llega a este episodio ya debilitado en la confianza pública, y por razones que poco tienen que ver con proveedores o líneas de producción de credenciales. Desde que Guadalupe Taddei asumió la presidencia del instituto en 2023, una sucesión de episodios ha erosionado la percepción de que el órgano electoral mexicano opera con la autonomía que su diseño constitucional le exige.
El más persistente de esos episodios tiene nombre y apellido: Luis Rogelio Pineda Taddei, hijo de la consejera presidenta, ha ocupado cargos de relevancia en el gobierno de Sonora bajo el gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. La cercanía entre ambas figuras (Taddei construyó parte de su carrera en el Instituto Electoral de Sonora durante el ascenso político de Durazo) ha alimentado señalamientos de la oposición sobre una relación que excede lo institucional y que pone en entredicho la imparcialidad que se espera de quien preside el árbitro electoral del país.
A esto se suma el nombramiento de Jesús Octavio García González como director de Administración del INE, una decisión que generó fricciones internas con otros consejeros porque el funcionario había sido previamente representante legal de empresas proveedoras del propio instituto. Colocar a un exproveedor al frente del área que decide sobre adquisiciones y contratos, con un presupuesto anual que supera los quince mil millones de pesos, es, en el mejor de los casos, un error de criterio difícil de justificar.
El episodio más grave, sin embargo, llegó de la mano de la Auditoría Superior de la Federación. Según denunció públicamente la senadora panista Lilly Téllez, la ASF detectó irregularidades en un contrato de 65 millones de pesos asignado en diciembre de 2024 a una empresa, identificada como JVLY, que para entonces se encontraba en proceso de desaparición fiscal y no podía emitir facturas válidas. Téllez ha señalado que detrás de esa empresa estarían hijos de la propia Taddei, operando a través de prestanombres. Es importante decirlo con precisión: se trata de acusaciones políticas y hallazgos de auditoría, no de una resolución judicial firme, y ni el INE ni Taddei han ofrecido hasta ahora una respuesta pública detallada. Pero la gravedad del señalamiento, sumada a los antecedentes de nepotismo y conflicto de interés ya documentados, explica por qué una parte creciente del electorado mexicano observa al instituto con sospecha en lugar de confianza.
Ese es el contexto real detrás de las credenciales atrasadas. No se trata solo de una falla logística de una empresa nueva ajustándose a un contrato. Se trata de un instituto que, en su capacidad operativa más elemental, está fallando exactamente en el momento en que más necesitaba demostrar que la controversia sobre su imparcialidad no afecta su funcionamiento cotidiano. Cada ciudadano que hoy espera veinte días por un trámite que antes tomaba dos no experimenta una abstracción sobre la autonomía del Estado mexicano: experimenta, de primera mano, la consecuencia tangible de una institución que ha dejado de operar con la solidez que su mandato exige.
Rumbo a las elecciones intermedias de 2027, el costo de esta erosión no será solo administrativo. Un padrón electoral con retrasos crónicos y un instituto bajo sospecha de favoritismo familiar y contratos opacos no son dos problemas distintos: son la misma crisis institucional vista desde dos ángulos. El INE fue construido, tras 1996, precisamente para que los mexicanos no tuvieran que confiar en la buena voluntad de quien gobierna para saber que su voto cuenta. Esperemos que la confianza no se erosione al punto que ni eso puedan garantizar.
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