“Por sus frutos los conoceréis”, este viejo y bíblico dicho no podría entenderse mejor en el quinto año de gobierno de la ultraizquierda, donde no solo no ha habido frutos sino la destrucción de instituciones que ya existían y más o menos funcionaban. Quizá la que más le duele al pueblo mexicano es la destrucción de nuestro sistema de salud, que si bien no era la gran cosa, cuando menos tenía medicamentos, médicos y sobre todo las NOM que regulaban la calidad y obligaban al Estado a atender a la ciudadanía. ¡Hoy el Estado ya no está obligado a atender a la gente!
Estos cambios, decididos desde la presidencia y operados por el subsecretario López-Gattell, son tan graves que podrían calificar como crimen de lesa humanidad. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional constituirán crímenes de lesa humanidad aquellas atrocidades y delitos de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometido para aplicar las políticas de un Estado o una organización.
En el caso de México, de manera premeditada, activa y constante se ha desmantelado al acceso a la salud pública de calidad, no hay insumos en los hospitales, no hay medicinas y se ha abusado de la vocación de los doctores al orillarlos a trabajar con una baja remuneración y en situaciones extremas. La destrucción del Seguro Popular y su sustitución por un fracasado Insabi dejó sin acceso a la salud a millones. Ejemplos sobran: las medicinas para el tratamiento del cáncer, durante años han escaseado gracias a la decisión del gobierno mexicano de simplemente no comprar los medicamentos. Estas decisiones se han cobrado la vida de miles de personas, muchas de ellos niños que no pudieron hacer frente a su padecimiento, de hecho hasta este año se contabilizaban más de cuatro mil niños muertos por falta de medicamentos.
El manejo de la pandemia de Covid fue prácticamente criminal, según la Organización Mundial de la Salud, hasta 2022, habían fallecido en México 626 mil personas, dato muy diferente a los poco más de 300 mil que reportaba el gobierno, al día de hoy se calculan unos 800 mil fallecidos, lo que nos sitúa entre los países que peor manejo han hecho de la emergencia. ¿A qué se debe esto? A que la estrategia del gobierno fue no gastar dinero en atender a la población y mejor gastar saliva en las mañaneras diciendo que todo estaba bien, que todo era un “compló”, o que con traer un par de santitos en la cartera ya estábamos protegidos.
Fue elitista, clasista y sobre todo una muestra de desprecio absoluto por la gente, que el presidente, su familia e incluso funcionarios de alto rango como Hugo López-Gattell recibieran tratamiento con el medicamento Remdesivir cuando ellos se enfermaron de Covid y que le negaran el acceso al resto de la población de dicha medicina por su alto costo. De hecho, López-Gattell declaró que el Remdesivir no era lo “suficientemente útil” para tratar el Covid y con eso desechó la posibilidad de adquirirlo.
Si a todo esto sumamos que la estrategia gubernamental en cuestión de seguridad se resume en aliarse con los criminales y dejarlos hacer su voluntad, lo que ha dejado un saldo de más de 162 mil homicidios, podemos afirmar sin equivocarnos que este sexenio es el que más muertos tiene en sus manos, más de un millón de mexicanos han fallecido por culpa de sus políticas públicas.
Esta serie de acciones y omisiones deben de constituir un crimen de lesa humanidad y sin duda, al terminar esta administración, vendrán denuncias para todos los que instrumentaron estas políticas de muerte, que en lo único que pusieron primero a los pobres fue en ser los más afectados por estas decisiones, así que no olvidemos: “por sus frutos les conoceréis”.