Ahora el gobierno va a saberlo todo de ti: conocerá los datos biométricos de cualquiera que tenga un celular, como lo son las huellas dactilares, el iris, rostro (vía face recognition) así como las llamadas que se realicen y a quién, la ubicación, si fue un mensaje o una llamada, tipo de celular que se emplea, entre otros. En un ataque directo a la privacidad y derechos humanos de todos los mexicanos, la mayoría de MORENA en el Senado aprobó una ley de corte autoritario para crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil obligando a las empresas que proveen dichos servicios a recabar la información biométrica de sus clientes y almacenen su actividad telefónica, so pena de cuantiosas multas y cancelación de las líneas a quienes no lo hagan.
Por supuesto que toda esta iniciativa se hizo bajo pretexto de la seguridad, como una herramienta de control de la delincuencia que constantemente hace llamadas para extorsionar, secuestrar, cobrar piso y otros crímenes. Según los legisladores, todo lo anterior ya no va a pasar, debido a que todas las líneas estarán registradas a nombre de alguien. Lo que nos lleva a pensar si nuestros senadores de la 4T son realmente tan ingenuos como para creer que alguien que pretende delinquir con su teléfono ya no lo va a hacer porque se tiene que registrar o que será incapaz de encontrar otros caminos como el mercado negro de chips o la suplantación de identidades para seguir haciéndolo. La creatividad criminal no tiene límites por lo que es más probable que aparezcan o se intensifiquen otros delitos, como consecuencia de esta ley.
Entonces, si un padrón de usuarios de telefonía celular no va a resolver la delincuencia telefónica, ¿para qué lo quieren?
En México, según datos de The Competitive Intelligence Unit al cierre de 2020 había 126 millones de celulares, de los cuáles 115.8 millones son smartphones. En la presentación de la iniciativa, los legisladores no exhibieron datos para estimar cuántos dispositivos de esos 126 millones son los que se utilizan para cometer delitos.
El nuevo padrón será levantado a través de las empresas de telefonía y será controlado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo cual ya genera algunas dudas como si el instituto está facultado por ley para acceder a los datos personales de los ciudadanos mexicanos. La otra duda es qué pasará con esta información si el IFT se disuelve y pasa a ser parte de alguna secretaría de Estado y por lo tanto del Ejecutivo federal? El presidente ya ha dejado claro que no le agrada este instituto y que buscará quitarle cuando menos facultades o revertir su autonomía. Así que existe la posibilidad de que toda esta base de datos pase a manos de la Presidencia de la República y estará en manos del gobierno.
Otro riesgo, históricamente muy real, es que el padrón se ‘filtre’, ya sea mediante las empresas que lo levanten o a través del IFT y acabe siendo vendido por hackers en la deep web o en discos duros en Tepito, como ha pasado con otros padrones en manos del gobierno.
No hay nada que justifique que el gobierno, o las empresas, tengan acceso a datos tan privados como nuestro iris o nuestra cara, sobre todo ahora que toda esa información se puede cruzar por medio del big data y la inteligencia artificial para conocer todo acerca de nosotros, nuestros hábitos, ubicación geográfica, relaciones o la apariencia de nuestros hijos. Es en países como China donde se ejercen fuertes controles estatales sobre la población a través de estas tecnologías para mantener la hegemonía de un gobierno a costa de los derechos humanos y a la privacidad de sus ciudadanos.
Ese es el verdadero riesgo: ¿quién tendrá en sus manos esta información y qué podrá hacer con ella? La KGB y la Gestapo hubieran sido felices de contar con una herramienta así.