En el sexenio pasado vimos el ataque y la crítica continua hacia los fideicomisos existentes y en los cuales se administraban diversos recursos para hacer frente a una gran variedad de temas de la administración federal. Si bien, quizás algunos podríamos considerar que debían revisarse, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador optó por desaparecerlos, tomar el dinero y como todos sabemos utilizar los recursos en los programas federales. Desde luego, la figura del fideicomiso fue ampliamente satanizada.
Ahora, todo indica, que el esquema –que hay que decirlo tiene muchas ventajas legales y de administración de recursos–, así como de seguridad en su operación, sería retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el Gobierno Federal prepara una nueva estrategia para desarrollar los yacimientos de gas no convencional que durante años permanecieron fuera de la agenda energética.
La propuesta de crear un Fideicomiso para atraer inversión pública y privada al fracking revela una realidad que el país ha postergado: México tiene recursos de gas en el subsuelo, pero no cuenta ni con la capacidad financiera ni con la tecnología suficiente para aprovecharlos a gran escala. El proyecto busca reducir la dependencia del gas importado de Estados Unidos.
El problema es que transformar esos recursos en producción requiere inversiones, tecnología y experiencia que Petróleos Mexicanos que lleva Juan Carlos Carpio, difícilmente puede aportar por sí solo en las condiciones actuales.
Las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla concentran parte del potencial shale del país, pero su desarrollo exige miles de millones de dólares y una infraestructura que nuestro país no ha construido.
La realidad financiera de Pemex y la creciente demanda energética obligan al gobierno a explorar esquemas donde el capital privado tenga nuevamente un papel relevante.
Durante años, el fracking fue presentado como símbolo de una apertura energética que debilitaba al Estado. Ahora, la necesidad de garantizar el suministro y la competitividad industrial obliga a replantear esa postura y también el esquema financiero a utilizar, y el fideicomiso es el mejor camino.
El desafío no será solamente financiero o técnico; será explicar cómo una estrategia basada en la soberanía energética puede requerir la participación de empresas privadas. En el fondo, la discusión no es si el Estado debe eliminarse de la ecuación, sino si puede ejercer su rectoría, siempre que existan reglas claras, certeza jurídica y condiciones de competencia.
SCJN da razón a Acapulco
En política pocas veces las casualidades existen. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Controversia Constitucional 174/2025 no sólo representa una victoria jurídica para la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez; también exhibe cómo una disputa técnica sobre facultades de fiscalización, tuvo su origen en la disputa política con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.
El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García fue contundente: la Auditoría Superior del Estado de Guerrero carece de facultades constitucionales para revisar recursos federales del FAISMUN. La sentencia invalidó el Informe Individual de Auditoría de la revisión 2023-C-CIF-01-002-2024 y el oficio ASE-1380-2025, documentos con los que la ASE intentó fiscalizar 898 millones 633 mil 453 pesos ejercidos por Acapulco en 2023, si la nota que todos vimos, acusando a López Rodríguez, de haberse robado el recurso.
Pero la historia y los documentos, muestran algo diferente, mientras que la Auditoría Superior de la Federación revisó un universo de mil 122 millones de pesos relacionados con la reconstrucción tras el huracán Otis y sólo emitió una observación por 3.7 millones de pesos, que posteriormente fue solventada, la auditoría estatal abrió un procedimiento que derivó en diez promociones de responsabilidad administrativa y un pliego de observaciones por la totalidad de los recursos auditados, mismos que habían sido ya comprobados a la Federación.
La Corte recordó algo elemental: los artículos 74 y 79 de la Constitución reservan a la ASF la fiscalización de recursos federales, y con ello la invalidez de la auditoría estatal.
Pero detrás de los argumentos jurídicos esta todo el tema político, de diferentes corrientes internas de Morena. La pelea entre la gobernadora y la alcaldesa siempre ha estado presente, y su potencial interés por competir por la gubernatura la convirtió en una figura incómoda dentro del propio grupo gobernante encabezado por Salgado Pineda.
El resultado fue una batalla legal de más de un año que hoy termina con una resolución histórica.
La sentencia no sólo limpia el expediente de Acapulco. También deja un precedente nacional sobre los límites de los órganos estatales de fiscalización y recuerda que, cuando la política se mezcla con las auditorías, los tribunales terminan teniendo la última palabra.
La gran pregunta, ¿habrá disculpas o reconocimiento del error del órgano estatal?
Banamex borra las deudas del Mundial
Los grandes eventos deportivos no sólo llenan restaurantes y salas de estar; también impulsan el consumo y ponen a prueba la capacidad de los bancos para acompañar a sus clientes con estrategias responsables, como lo comentamos antes, también era un momento de que la emoción generó mayor gasto y consumo en las tarjetas de crédito, algo bueno para la economía, pero quizás no tanto para algunos bolsillos.
Y es ahí, en donde Edgardo del Rincón, un ejecutivo con amplia experiencia en banca de consumo, busca diferenciarse al cumplir el primer mes al frente de Banamex y es que lanzaron la promoción “Deuda Cancelada” que apuesta por premiar el uso de la tarjeta de crédito, pero con un componente interesante: no basta comprar, también hay que demostrar conocimiento mediante una trivia y hacerlo con rapidez.
Los 100 clientes que resulten ganadores podrán obtener la cancelación de adeudos de hasta 50 mil pesos.
Más allá del incentivo comercial, el mensaje es relevante, la banca necesita seguir innovando para fortalecer la lealtad de sus más de millones de tarjetahabientes, pero también para recordar que el mejor premio siempre será mantener unas finanzas personales sanas, incluso cuando la emoción del deporte invite a gastar de más.
La número 13
La primera piedra del campus Mérida de UNITEC representa mucho más que una expansión educativa. Alejandro Gallo Casas, presidente y director general de Laureate México, apuesta por convertir el talento joven en motor de competitividad para el sureste. La inversión en educación superior de calidad sigue siendo una de las decisiones con mayor impacto para el desarrollo económico regional. La educación privada se expande, buen indicio.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.