Aunque las elecciones para renovar gubernaturas en 2027 todavía parecen lejanas, la realidad política dice otra cosa. Morena ya tiene prácticamente definidos los nombres que comenzarán a recorrer estados, sumar estructuras, aparecer en eventos y posicionarse en encuestas. La carrera arrancó hace tiempo y, como siempre, todos persiguen el mismo objetivo: llegar al poder.
La lista es larga. En Michoacán la disputa enfrenta al senador Raúl Morón Orozco y a Gladyz Butanda Macías, respaldada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En Nayarit aparecen Geraldine Ponce y Héctor Santana.
A diferencia de Michoacán o Nayarit, en Nuevo León no existe un gobernador morenista que pueda inclinar la balanza. Por ello el peso de la dirigencia nacional y de la presidencia será probablemente mayor en la definición del aspirante. Quien tiene posibilidades de ganar la encuesta es el senador del Verde, Waldo Fernández quien mantiene una relación muy cercana con otra suspirante, Judith Díaz ya que ambos ganaron juntos la elección al Senado en 2024. Esta última cuenta con tres activos poco comunes: estructura territorial construida durante su etapa como superdelegada, experiencia legislativa y una relación consolidada con el obradorismo. No hay que olvidar a otra cercana a Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier quien ha buscado estar, pero no tiene la simpatía de los regios. En Quintana Roo a Gino Segura y Rafael Marín se disputarán el poder.
En Querétaro, uno de los estados estratégicos para Morena en 2027, porque actualmente es gobernado por el PAN y el partido ve posibilidades reales de competir por la gubernatura, encabezan la lista Luis Humberto Fernández Fuentes, diputado con licencia cuya fortaleza se encuentra en su mayor presencia estatal y su cercanía al proyecto de Claudia Sheinbaum. En la lista también se ubica Santiago Nieto Castillo, extitular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y figura del obradorismo con prestigio nacional.
Por otro lado, San Luis Potosí, es un caso muy distinto a los otros estados. Es la única gran excepción del acuerdo nacional. Mientras en 16 entidades Morena, PVEM y PT acordaron llevar procesos coordinados, en San Luis Potosí el PVEM ha insistido en reservarse el derecho de postular candidato propio y Ruth González Silva, esposa del gobernador, Ricardo Gallardo, es hasta ahora esa carta. Por Morena, irían Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta estatal de Morena y hermana de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y Gerardo Sánchez Zumaya quien se registró por el Partido del Trabajo, empresario que ha construido un proyecto propio y busca consolidarse como un perfil competitivo dentro del partido.
La competencia también se intensifica en Sinaloa, donde la crisis política obliga a Morena a medir con lupa a sus aspirantes; en Sonora, donde el peso de Alfonso Durazo será determinante; en Tlaxcala, donde el equilibrio entre el grupo de la gobernadora y la dirigencia nacional marcará la decisión; y en Zacatecas, donde el debate sobre el nepotismo ya acompaña la sucesión antes de iniciar formalmente.
Lo interesante no es únicamente quién encabeza las encuestas internas, sino el enorme costo que implica mantener campañas permanentes. Porque aunque legalmente todavía no existan campañas constitucionales, la promoción política, los recorridos, los equipos territoriales, las mediciones demoscópicas, la estrategia digital y la operación política cuestan millones de pesos durante meses.
La política mexicana parece haber normalizado un modelo donde prácticamente no existen pausas entre una elección y otra. Apenas concluye un proceso electoral cuando comienza el siguiente. Quienes hoy gobiernan dedican buena parte de su tiempo a construir sucesiones, mientras los aspirantes concentran sus esfuerzos en hacerse visibles mucho antes de que la ley les permita pedir el voto.
La pregunta es quién paga esa factura. Funcionarios que combinan responsabilidades públicas con aspiraciones políticas, gobiernos enfocados en mantener grupos de poder y una ciudadanía que observa cómo la agenda electoral termina desplazando la agenda de gobierno.
Todavía faltan muchos meses para que los partidos definan oficialmente sus candidaturas. Sin embargo, los favoritos ya están en movimiento. Las estructuras ya trabajan. Las encuestas ya circulan. Los acuerdos ya se negocian y es un hecho que la campaña por el poder nunca termina. La única diferencia es que cada vez comienza más temprano y, por supuesto, cada vez sale más cara.
¿Formalizar o digitalizar la reventa?
El Mundial vuelve a despertar la pasión por el futbol, pero también exhibe una vieja deuda con los consumidores. Mientras millones buscan un boleto para ver a la selección mexicana, los revendedores y las plataformas especulativas siguen jugando un partido donde el único que pierde es el aficionado.
El caso del adulto mayor que viajó desde California con su nieta para descubrir que sus boletos eran inválidos no es una anécdota aislada. Los reportes de fraude se multiplican y las pérdidas alcanzan cientos de miles de pesos. Lo más preocupante es que el marco legal sigue corriendo detrás de una realidad que ya cambió.
La Procuraduría Federal del Consumidor, encabezada por Iván Escalante, tiene facultades para intervenir desde la protección al consumidor, pero la solución de fondo exige una regulación federal.
Hoy, apenas algunas entidades, como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Estado de México, contemplan sanciones administrativas para la reventa física con sobreprecio. El problema es que esas normas prácticamente ignoran el mercado digital, donde operan plataformas internacionales y vendedores cuya identidad, autenticidad del boleto y responsabilidad resultan imposibles de verificar.
Mientras México mantiene esa zona gris, en el Reino Unido las autoridades ya multan plataformas y obligan a reembolsar a miles de compradores por falta de transparencia. La diferencia es evidente: allá se protege al consumidor; aquí todavía se le pide que compre bajo su propio riesgo.
Con el Mundial como escaparate internacional, la pregunta no es si debe regularse la reventa digital, sino cuánto tiempo más esperarán las autoridades para cerrar un vacío legal que hoy sigue costando dinero, confianza e ilusiones a miles de aficionados.
La realidad siempre termina por imponerse
Los números tienen una mala costumbre para cualquier gobierno: terminan imponiéndose sobre el discurso. Y eso vuelve a ocurrir con Pemex que lleva Juan Carlos Carpio y el Sistema Nacional de Refinación.
Mientras la autosuficiencia energética sigue siendo una de las grandes banderas oficiales, mayo dejó un dato difícil de ignorar: las siete refinerías del país procesaron apenas 941 mil barriles diarios de crudo, rompiendo una racha de siete meses por encima del millón.
Más preocupante aún es que el sistema operó a menos de la mitad de su capacidad instalada.
El desplome en Minatitlán, con apenas 20 por ciento de utilización, y el fuerte retroceso de Salina Cruz, afectada por un incendio, evidencian que la operación de las refinerías sigue dependiendo de factores que van desde fallas técnicas hasta el rezago en mantenimiento. Incluso Dos Bocas, el proyecto insignia del sexenio, registró una ligera disminución en su procesamiento.
La apuesta por fortalecer la refinación era estratégica. Sin embargo, la verdadera prueba no está en inaugurar instalaciones ni en multiplicar anuncios, sino en mantener una operación constante, eficiente y rentable.
Porque la soberanía energética no se mide en discursos ni en ceremonias de corte de listón. Se mide en barriles procesados, en capacidad utilizada y, sobre todo, en resultados que resistan el escrutinio de las cifras. Ahí, por ahora, la realidad sigue enviando señales de alerta.
App Banorte de fiesta
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Por lo pronto, la moneda está en el aire y hoy ¡Gana México!