Cambio de rumbo en Yucatán

Fue uno de los estados en los que nadie esperaba que hubiera grandes sorpresas.

Ha sido no solo un bastión panista, sino un ejemplo nacional y hasta mundial por la calidad de vida que hay en la entidad.

Pero el triunfo de Joaquín Díaz Mena en Yucatán tomó por sorpresa hasta a los propios morenistas, no se diga al PAN nacional y local.

Ganó como todos los candidatos morenistas, sin gran problema, en este caso a Renán Barrera Concha, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD.

Pero lo que hay que ver es que Joaquín Díaz recibirá un estado que gobernó Mauricio Vila en excelentes condiciones en economía y seguridad.

Yucatán figura en los primeros lugares de las entidades con mayor crecimiento económico en todos sus sectores.

Y es que son más de 350 proyectos de inversiones estimadas en más de 150 mil millones de pesos, entre ellos, la ampliación del gasoducto Mayakan para garantizar el transporte de gas natural a la península.

Esto sin dejar de lado que en 2023 Yucatán tuvo su mayor derrama económica por turismo, con nueve mil 450 millones de pesos, un aumento del 85 por ciento respecto al 2018, y es uno de los estados con menor incidencia delictiva, tanto, que el ejemplo yucateco era la referencia en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez de lo que se quería hacer a nivel de seguridad.

Lo que esperan es que en cuanto tome posesión el 1º de octubre, Joaquín Díaz no llegue a inventar el hilo negro, en una entidad que ha mostrado buen desempeño.

Desde su campaña, y con el respaldo de Claudia Sheinbaum, anunció que impulsará el nearshoring y la agroindustria; continuará los trabajos de ampliación y modernización del puerto de altura de Progreso, así como las dos termoeléctricas que se construyen en Mérida y Valladolid; buscará crear conexiones entre el Tren Transístmico, el Tren Maya y Puerto de Progreso, y promoverá lo ‘Hecho en Yucatán’, tal como su antecesor lo venía haciendo.

Los rumores proliferan en el Poder Judicial

Ayer, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmaba que sí se analizará el llamado plan C para procesarse en el próximo periodo legislativo; eso sí, prometió un análisis profundo en donde participen todos los actores y nadie se quede sin opinar, en un Parlamento abierto para ese fin.

El ‘temido’ plan C ha tenido ya efectos en los mercados y especialmente en el tipo de cambio, que incluso en el momento en que explicaba el camino que se seguirá, se depreció 1.6 por ciento en esa media hora, nada calmó el nerviosismo de que avancen las reformas, entre ellas las del Poder Judicial, un punto es reducir los integrantes de la SCJN y el periodo de su encargo.

Y justo sobre este último punto, es que al interior de la Suprema Corte ha trascendido que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dejaría su cargo próximamente con el nuevo gobierno, es decir, en octubre, esto según habría informado al personal de su ponencia. Por lo menos, esto es rumor de pasillo.

La semana pasada, se reunieron los 11 ministros, en donde se comentaron los temas de la reforma al Poder Judicial, en donde se ve una reducción de ministros de 11 a 9. Ahí fue donde se asegura que González Alcántara ofreció voluntariamente su retiro, contemplándose que su ponencia desaparezca, por lo que ya estarían viendo sus integrantes su salida o reubicación.

También, se habla de que otro ministro podría salir en ese mes, se menciona al ministro Luis María Aguilar, aunque él termina su periodo a fines de este año, pero entre los ministros actuales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, que concluye su periodo en 2026; Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que saldrían en 2027; Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, en 2030 y en 2034, y Margarita Ríos Farjat podría salir otro voluntario. Se dice que de entre los tres primeros estaría el que se retire en octubre y se desaparezca su ponencia.

¿O será que todo es una ola de rumores, pues la iniciativa ni siquiera he empezado a discutirse?

Pymes siguen atrás en estrategia digital

Es un sector en el que muchos han puesto los ojos e incluso hay varios planes en materia tecnológica, digital y de financiamiento para que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) ‘revivan’ luego de la pandemia, pero también aprovechen el llamado nearshoring, en donde pueden formar parte de las cadenas o aprovechar dar servicios en los alrededores de las nuevas empresas.

Pero en la parte digital sí hay más atraso, porque de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que lleva Octavio de la Torre, únicamente el 15 por ciento de las Pymes pertenecientes al sector terciario, y el 8 por ciento de las micro, tienen una estrategia digital eficaz.

El motivo parece simple, los rezagos en la digitalización de los comercios se deben a la falta de infraestructura tecnológica, la capacitación adecuada de la fuerza laboral y la promoción de la innovación empresarial, entre otras.

Así que se elabora una agenda nacional para la formación de empresarios de Mipymes y artesanos sobre estrategia digital, eso sí con estándares de ciberseguridad para proteger la información y asegurar un marco legal que evite fraudes.

La idea se está gestando y ojalá se avance al mismo ritmo que corre ya el internet.

Pelea que sigue vigente

El abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez Gargaria, no quitará el dedo del renglón y buscará impugnar la resolución que tuvo la empresa Aleatica la semana pasada, que de acuerdo con el Tribunal Colegiado de Apelación del Poder Judicial Federal no existe delito que perseguir con relación a la explotación que realizaron del Viaducto Bicentenario, lo que impide que la Fiscalía General de la República continúe investigando este hecho.

Esta es una historia empresarial que lleva años, pero que Díez Gargari ha seguido de cerca, pues Infraiber tiene claro que la decisión del tribunal se determinó de manera ilegal e inconstitucional pasando por encima de la dignidad de la función jurisdiccional y en contra de los legítimos intereses del país, ya que Aleatica no contaba con una concesión otorgada por el gobierno federal para explotar la obra.

Por los personajes involucrados, empresas y leyes, es importante seguir el camino legal en el que Díez Gargaria ha seguido, ya que esta batalla aún no termina.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.