Después de la reciente consolidación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha vuelto verdaderamente inaudito observar su abierta inclinación a resolver asuntos de gran trascendencia bajo impulsos políticos, de oportunidad o de imagen. Es realmente escandaloso, además, que la forma en que resuelven sea contra Derecho y con una hipocresía absoluta disfrazada de ‘cercanía con el pueblo’.
Una cosa es la justicia accesible; otra muy distinta es la justicia convertida en circo. Y eso, por desgracia, es precisamente lo que estamos viendo, es decir, una Suprema Corte de Justicia de la Nación que parece más preocupada por la escenografía que por la técnica jurídica, que está más ocupada por recibir aplausos que por construir Derecho.
Ejemplos hay muchos, pero parece particularmente grave lo que se exhibió a través del asunto del exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El 24 de febrero de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó, sí, avalando un proyecto que, en los hechos, favorece una persecución política; pero ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en la forma. La escena fue demoledora: el Tribunal respaldó el sentido del proyecto de la ministra ponente, pero prácticamente todos los integrantes se deslindaron de la metodología y de sus consideraciones jurídicas.
Después de todo, no fue cosa menor; el proyecto de sentencia propuesto por la ministra Lenia Batres Guadarrama rayaba en el absurdo jurídico: 1) Los jueces de distrito de amparo, cuya función es analizar vulneraciones a derechos humanos por parte de otras autoridades, son restringidos en hacerlo bajo el argumento de que ‘no pueden sustituirse en el juez de control penal’; 2) la cosa juzgada refleja, como principio general del Derecho, no tiene cabida en los análisis del más alto tribunal; y 3) ahora el principio de taxatividad del derecho penal no existe; entre muchas otras inconsistencias que cualquier ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería conocer.
En fin, hubo algunos sensatos que, dentro de su cinismo, reflexionaron sobre las consecuencias jurídicas tan graves que podría producir un criterio tan demoledor como el proyectado; y, por eso, se trataba de un texto ‘jurídico’ del cual varios ministros se apartaron expresamente. Eso, en cualquier Tribunal Constitucional, es una señal de descomposición deliberativa y analítica total.
Ahí está la vergüenza institucional: ministras y ministros corrigiéndose, contradiciéndose y descalificándose en sesión pública, no desde la riqueza del debate jurídico, sino desde una paupérrima técnica en proyectos que no superan el mero análisis elemental. Por supuesto que una Corte puede discrepar, pues para eso existe la deliberación; pero cuán grave resulta que esa deliberación exhiba, frente a toda la nación, documentos mal armados, estudios erróneos, conclusiones fuera de lógica jurídica y una incapacidad alarmante para siquiera entender el significado de ‘control de constitucionalidad’. Cuando un máximo tribunal discute y resuelve de esa manera, no engrandece el Derecho, lo humilla.
A todo esto, se suma el circo, la obsesión por la narrativa política. Ejemplos, también, hay muchos, pero resulta particularmente relevante el hecho de que, el 26 de febrero de 2026, la Corte decidió sesionar desde Tenejapa, en el estado de Chiapas, en una plaza pública y frente a miles de personas, presentando el acto como ‘el nuevo rostro de la justicia’.
El ministro presidente afirmó que la Justicia debe ‘caminar de la mano con el pueblo’ y que es importante que la ciudadanía vea que quienes juzgan ‘son de carne y hueso’. La escena claro que puede ser muy atractiva, pero nadie, en ese momento, se hizo la pregunta más elemental: ¿De qué sirve posar como justicia popular si, a la par, se emiten sentencias deficientes improvisadas, así como se sacrifica la solidez de los precedentes? Señores, la justicia no necesita guiños y aplausos políticos, requiere constancia y rigor.
Por otro lado, también se observa que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la estadística, pasó de resolver 1.8 asuntos por sesión a 16.4, circunstancia que sería un verdadero logro si no fuera por la bajísima calidad de sus fallos y por las deficiencias técnicas que han sido exhibidas.
En ese sentido, es claro que se privilegia la estadística sobre el contenido, la velocidad sobre el razonamiento y las fotos sobre los precedentes. Olvidan las ministras y ministros que la Corte no está para ganar simpatía, sino que tiene el deber de defender la Constitución, constituir Derecho y contener el abuso de poder, no formar parte de dicho abuso.
Nuestro país no necesita una Suprema Corte de Justicia de la Nación que pretenda ser parte del pueblo mientras abandona la ciencia jurídica; no necesita de ministras y ministros que confundan popularidad con legitimidad; no necesita sesiones que parecen diseñadas para narrativa política antes que para la reflexión.
El pueblo mexicano no les encomendó montar una obra de teatro cada semana, basada en una mera representación sentimental del Poder Judicial, sino que se les encomendó impartir justicia con independencia, sobriedad y profundo conocimiento.
Cuando la Corte renuncia a la técnica y privilegia la pose; cuando sus integrantes se exhiben públicamente sin dominio de la norma, entonces ya no estamos ante una ‘transición’ institucional. Estamos ante la degradación del máximo tribunal del país. Y eso, para cualquier Estado de Derecho, es una tragedia.