El fiscal de hierro

22 de febrero de 2026: cuando el Estado decide no doblarse

Esto no se trató de un golpe mediático, sino que fue el resultado final de una decisión necesaria que no se tomaba.

El día 22 de febrero de 2026, en Tapalpa, Jalisco, el Estado mexicano ejecutó uno de los operativos de seguridad más importantes, sin lugar a dudas, de la historia reciente. Tras un enfrentamiento armado y fuego cruzado, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido. Esto no se trató de un golpe mediático, sino que fue el resultado final de una decisión necesaria que no se tomaba.

La operación fue producto de un actuar conjunto y coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Un esfuerzo institucional que exigió inteligencia, planeación, valentía y, lamentablemente, sacrificios irreparables.

Como era de esperarse, las opiniones se dividieron. Hay quienes celebran el resultado atribuyéndolo al actual gobierno federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y culpan al “PRIAN” de haber permitido durante años la consolidación de este gigante criminal. Otros, en el extremo opuesto, afirman que fue una imposición del gobierno de los Estados Unidos y que México simplemente obedeció una orden del vecino del norte. Ambas posturas, aunque llamativas, fallan en comprender la verdad de lo sucedido.

Esto no es un asunto de colores, siglas o partidos. Es irrelevante si se comulga con la oposición o con el partido en el poder. Lo que ocurrió el 22 de febrero de 2026 fue el resultado del trabajo acumulado de cientos, tal vez miles, de servidores públicos que integraron carpetas de investigación, obtuvieron y colaboraron con información con instituciones nacionales e internacionales, generaron cctos de investigación, resistieron amenazas y sostuvieron lo poco que queda de un Estado de derecho.

Por supuesto, uno de los cánceres que más ha lastimado a México es la corrupción. Pero no muy detrás, si no es que está a la par, se encuentra la irremediable inseguridad. Ambas se complementan y han lastimado a miles de inocentes. En ese contexto, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no fue solo un delincuente más, sino que fue, y es, uno de los seres humanos más despreciables que ha pisado suelo mexicano.

La organización criminal que encabezó continúa siendo una de las mafias más grandes, violentas y peligrosas del mundo, responsable de innumerables hechos delictivos, tales como homicidio, secuestro, delitos, delitos contra la salud, narcotráfico, terrorismo, extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, trata de personas, delincuencia organizada, y así podría seguir hasta concluir la lista de los delitos más graves previstos por nuestra ley.

Por eso, resulta absolutamente irrelevante de qué color sea la bandera que ondea en Palacio Nacional; da igual si es roja, azul, verde, amarilla o guinda. El estandarte que realmente fue manchado con la sangre de mexicanas y mexicanos no fue el de ningún partido político, fue el estandarte verde, blanco y rojo que nos ha representado desde antes que siquiera existieran los actuales partidos políticos. Una sola nación. Un solo pueblo.

Si queremos hablar de partidos, las dudas son inevitables: “¿por qué no se hizo durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto?” o “¿por qué no ocurrió durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador?”. La respuesta, hoy, poco importa, y reducirlo todo a un aspecto meramente electoral es una total falta de seriedad y de respeto.

Lo que sucedió el 22 de febrero de 2026 fue una decisión valiente, instruida por verdaderos servidores públicos como el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, el actual Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República y el secretario de la Defensa Nacional. Pero fue ejecutada, sufrida y pagada por mexicanas y mexicanos que portaron un uniforme, que avanzaron sabiendo que podían no volver, y que dieron su vida por una patria que muchas veces los critica desde la comodidad.

Sí, es doloroso. Es inaudito, incluso, observar las secuelas, la violencia reactiva y el sufrimiento colateral que surgió de este evento. Pero también es cierto que desde hace años el Estado mexicano estaba obligado a poner “mano dura”, y eso fue lo que pasó el pasado 22 de febrero de 2026.

Fue (y hay que decirlo con responsabilidad, respeto y reconocimiento) un sacrificio necesario. Y a quienes permanecemos atrincherados en la comodidad de la vida civil nos corresponde algo mínimo pero indispensable: reconocer, admirar y aplaudir el esfuerzo, el sudor y el dolor de quienes, por México, el pasado domingo 22 de febrero de 2026 y días subsecuentes, no se atrincheraron.

Me permito decir: siento una profunda admiración por todos aquellos que dejan y dejaron el cuerpo, y más aún por los que dejaron la vida, en este necesario combate frontal. Mi más sentido pésame y reconocimiento a las familias de los servidores públicos caídos. Y me atrevo, sin titubeos, a reconocer a los autores intelectuales de este operativo.

Por eso, la próxima vez que alguien se siente a opinar desde el sillón, desde la comodidad y desde su preferencia partidista, convendría hacerse una sola pregunta: ¿qué tan poca empatía y humanidad se necesita para no cerrar la boca y tener capacidad de reconocer la labor de quienes dieron todo por México?

COLUMNAS ANTERIORES

El abogado no está para gustar
El poder de la palabra

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.