En tiempos dominados por el ruido, la prisa y la necesidad permanente de aprobación, conviene recordarlo con claridad: el abogado no está para complacer, ni para agradar, ni para coincidir con el ánimo del público.
Está para representar, para hablar cuando otros callan, para defender cuando defender resulta incómodo y, sobre todo, para sostener el Derecho aun cuando nadie aplauda.
Vivimos una época en la que la opinión pública se confunde con la verdad y la popularidad con la razón. Se exige justicia inmediata, sin proceso; condena sin prueba; sanción sin contradicción.
En ese escenario, el abogado se convierte, muchas veces, en una figura antagónica. Es el que pide tiempo cuando todos exigen urgencia.
El que solicita pruebas cuando otros ya dictaron sentencia. El que recuerda reglas cuando el entorno quiere atajos.
Y, sin embargo, esa incomodidad es precisamente su función.
El Derecho no fue diseñado para ser popular. Fue diseñado para poner límites.
Límites al poder, a la emoción colectiva, a la tentación de resolver todo por la vía de la fuerza. El abogado es el operador de esos límites.
No es animador social ni vocero del aplauso. Es técnico, es método, es contención.
Defender no es justificar. Representar no es compartir. Hablar no es avalar.
El abogado que asume una defensa no adopta la vida de su representado ni sus decisiones personales; adopta una responsabilidad profesional: garantizar que el Estado cumpla sus propias reglas.
Cuando se olvida esta distinción elemental, el sistema entero se degrada.
Resulta cómodo exigir que el abogado solo defienda causas “bien vistas”.
Pero esa exigencia es profundamente peligrosa. Si la defensa se condiciona a la simpatía pública, el Derecho deja de ser Derecho y se convierte en propaganda. Hoy la causa incómoda es una; mañana será otra.
El precedente no distingue personas: distingue principios. Y los principios, una vez erosionados, no se reconstruyen con discursos.
El abogado no está para tranquilizar conciencias ajenas, sino para ejercer una función. Decir “esto no se puede” es parte esencial de su oficio, aunque moleste.
Recordar que no todo acto es delito, que no toda sospecha es prueba y que no toda acusación es verdad se ha vuelto impopular. Pero sin esa voz, el sistema pierde equilibrio.
Ahora mismo, en el contexto de la justicia de nuestro país, nos encontramos en un momento sumamente delicado: La política es circo; las leyes son papel; el opositor es enemigo de la patria; la justicia parece un mero ideal; el proceso es venganza; y la institución es un aparato prostituido.
En una sociedad inmadura, la defensa es cuestionada, crucificada. El debido proceso es un principio vacío. La presunción de inocencia es relativa y al gusto del poder.
En una sociedad madura, la defensa no se explica, se respeta. El debido proceso no se negocia, se garantiza. La presunción de inocencia no se relativiza, se aplica.
Cuando todos aquellos principios se subordinan al humor del momento y de las masas, la justicia deja de ser un valor y se transforma en espectáculo.
El abogado auténtico entiende que su trabajo no siempre será comprendido, y mucho menos celebrado.
Acepta la soledad que implica sostener una postura técnica frente a los rumores y opiniones.
Asume el costo de ser impopular cuando la legalidad así lo exige. Esa es la diferencia entre ejercer una profesión y actuar como “profesionista”.
Porque el día que los abogados empiecen a medir sus argumentos por la reacción del público, y no por su solidez jurídica, ese día el Derecho habrá dejado de ser un sistema de garantías para convertirse en un instrumento de conveniencia, tal como ya sucedió con la política.
El abogado no está para gustar. Está para resistir. Y en esa resistencia, silenciosa, técnica y firme, se juega mucho más que una causa, se juega la supervivencia misma del Estado de derecho.
Por eso, aunque a algunos les incomode, aquí seguimos y seguiremos.