El pasado 20 de enero de 2026, el gobierno federal trasladó y entregó a los Estados Unidos de América a treinta y siete indiciados presuntamente relacionados con grupos de delincuencia organizada dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos de alto impacto. Se tiene que muchos de estos sujetos pertenecen o pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Sinaloa, al Cártel de los Beltrán Leyva, entre otros.
Con este movimiento, suman ya noventa y dos personas trasladadas a los Estados Unidos desde el inicio del sexenio de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El reporte oficial señala que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó, por la vía institucional, la remisión de dichos presuntos responsables para continuar su proceso penal ante autoridades jurisdiccionales estadounidenses, y que dicha solicitud fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad en México. Bajo esta versión “oficial”, los traslados derivan de una “cooperación bilateral”, sustentada en la prioridad común de la seguridad.
Sin embargo, dicha versión ha sido materia de dudas. Desde la llegada a la presidencia de Donald J. Trump, se ha exigido a México un combate más severo y frontal hacia los grupos de delincuencia organizada, particularmente aquellos dedicados al narcotráfico, a los que han calificado, incluso, como “organizaciones terroristas”. La presión política por parte de los Estados Unidos de América ha sido evidente y, por ende, resulta ingenuo pensar que los traslados referidos no encuentren relación con dicha presión.
Los medios de comunicación han sido muy inquisitivos al acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de haber cedido ante las exigencias del norte. Si bien no puede descartarse esta hipótesis, puesto que existe una alta probabilidad de que estemos ante coacción internacional, lo cierto es también que este tipo de situaciones son de aquellas que conviene analizar con mayor profundidad.
Comúnmente se nos presentan dos posturas: Por un lado, quienes consideran que se trata de una decisión soberana, razonada y estratégica, producida por la cooperación entre Estados. Y, por otro, quienes opinan que la presidenta se ha visto obligada a ceder, ya sea por el poder de presión del país vecino, por el temor a que salgan a la luz actores políticos relacionados con la delincuencia organizada, o bien, ya en un extremo, porque el propio gobierno proteja a dichos grupos.
Cuando hablamos de política, es muy fácil adoptar una postura con base en un discurso ideológico, pero la política no es una ciencia exacta. Estamos frente a un fenómeno complejo, con muchos actores, intereses y contradicciones que requieren un análisis profundo y objetivo, no basado en opiniones prefabricadas.
En realidad, y siendo muy honesto, no creo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo forme parte de acuerdos con la delincuencia organizada. Incluso, aun cuando me he plantado abiertamente como opositor del partido en el poder, sé ser objetivo y reconocer los aciertos.
Estimo que la nueva integración y los nuevos perfiles que conforman las instituciones clave de procuración de justicia, como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, demuestran la intención clara de incomodar a la delincuencia organizada. No son halagos vacíos, realmente estamos ante funcionarios que aún tienen mucho que probar.
Sin embargo, sí es muy posible que la presidenta se encuentre presionada por dos diversos frentes: internamente, por actores políticos del propio partido que “tienen cola que les pisen”; y, externamente, por las promesas de campaña y exigencias de parte del presidente Donald J. Trump.
Enviar a treinta y siete presuntos “capos” a ser procesados en el extranjero no es una decisión menor. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, nos encontramos ante un acto que implica innumerables violaciones a derechos humanos, a normas internas y a tratados internacionales.
Pero, desde un aspecto de hecho, también genera efectos positivos innegables: 1) se sacan de las calles a sujetos que representan delito, violencia y peligro; 2) se reduce la posibilidad de que estos mismos sujetos sean absueltos a través de la corrupción de las instituciones de administración de justicia; 3) se envía un mensaje de advertencia al resto de los criminales; 4) se incomoda a los políticos coludidos que buscan salidas diplomáticas (como ir a representar a México en alguna embajada en el extranjero); 5) se plantea la posibilidad de iniciar una persecución del delito amplia y coordinada entre Estados; y 6) se abre la puerta a el aprovechamiento de fuerzas que, históricamente, han sido altamente efectivas y temidas (Cuerpos de Defensa Nacional de los Estados Unidos de América).
Por eso dice el dicho: “A grandes males, grandes remedios”. El presidente Donald J. Trump en el gobierno federal de los Estados Unidos de América es un mal, sin duda; pero, desde un muy particular punto de vista, es un mal necesario.
Que el crimen tema, por el motivo que sea, pero que tema.