México, en este preciso momento, está transitando por una ruta ya muy caminada, conocida mundial e históricamente, incluso. La reciente reforma en materia de agua no puede tomarse como un acto legislativo más; no es una simple adecuación en ley.
Nos encontramos, en realidad, ante un nuevo escalón de un Gobierno que en la cima pretende encontrar un control y concentración absoluta del Estado; después de todo, en los hechos, no oculta su interés de control político, de bienes, de servicios, de instituciones que en algún momento fueron descentralizadas o independientes, de derechos que pertenecen únicamente a la ciudadanía.
El discurso es ampliamente conocido, peligrosamente atractivo y seductor: “el agua no es mercancía”, “el agua es un Derecho Humano”, “el Estado debe garantizar su acceso”; y me permitiré traducirlo a la literalidad, puesto que lo que pretendió decir el Estado es: “el agua no debe ser mercancía del ciudadano, sino del Estado”, “el agua es un Derecho Humano, pero no debe ser reconocido, sino otorgado y controlado por el Estado” y “el Estado debe controlar su acceso”.
Nadie, absolutamente nadie, discute que el acceso al agua sea un derecho humano. El problema radica en que el discurso político es otro eslabón del esquema que busca eliminar contrapesos y que ha venido debilitando la seguridad jurídica de los mexicanos.
Esta reforma no es más que una treta cuyo único objetivo es colocar en las manos del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el control absoluto sobre concesiones, usos, transmisiones y destinos del recurso hídrico.
El mensaje es claro: no ven al agua como un derecho administrado, sino como un posible instrumento de control político y económico sobre los mexicanos, principalmente sobre los agricultores.
Este patrón no es nuevo; el discurso oficialista ha sido abierto en su narrativa de que permitir la privatización, en general, es “traición a la patria”. El actual gobierno no oculta, de ninguna manera, su postura ideológica.
Por el contrario, la exhibe con orgullo. Y esa postura ya tiene nombre y apellido en la historia mundial: socialismo, autoritarismo y, en su expresión más radical, comunismo. Y no es exageración, es sintomatología de libro, fundada en la historia de la humanidad.
Cuba: un Estado dueño de todo, ciudadanía dueña de nada. Venezuela: control absoluto estatal, colapso económico, desabasto, migración masiva y persecución política. China: crecimiento económico, sí, pero a costa de libertad individual que ahora es inexistente, propiedad privada condicionada y control absoluto del Estado sobre la vida social.
Lo que quiero transmitir no es ideológico, es tan solo práctico: Cuando el Estado es propietario, juez, verdugo y beneficiario, desaparece la libertad ciudadana en todos los ámbitos. Cuando el Gobierno administra a discreción los bienes, la ciudadanía deja de ser titular de derechos humanos para volverse tan solo súbditos.
El riesgo de esta reforma y de otras propuestas del partido “morenista” es precisamente este. Y vivimos el origen constante de mucho de aquello que ha dañado la confianza, la justicia, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho directamente desde nuestro parlamento, desde el Poder Legislativo Federal.
En otro texto ya manifesté la esperanza que tengo en la nueva estructura y nuevos servidores públicos de la Fiscalía General de la República. Sí, existe el fuero constitucional, pero aún tenemos los procedimientos para removerlo.
No estaría de más que nuestra más alta institución de procuración de justicia investigue la cloaca ideológica que emana del bloque parlamentario de MORENA en el Congreso de la Unión.
En lugar de estar pensando, estos últimos, en cómo eliminar la propiedad privada, deberían ponerse a pensar en cómo fortalecer instituciones y recuperar el Estado de Derecho. Reitero, esta historia ya se ha vivido, y siempre, sin excepción, ha terminado mal.