El pasado miércoles 10 de septiembre de 2025, la Alcaldía Iztapalapa fue escenario de una de las tragedias más dolorosas de los últimos años. Una pipa de gas explotó, dejando un saldo, según medios de comunicación, de cuando menos setenta y siete heridos y once lamentables muertes. La magnitud del accidente ha lastimado a la ciudadanía y nos recuerda, cruelmente, la fragilidad que existe en nuestro entorno y lo vulnerables que somos ante la negligencia.
Hoy no se conoce con precisión qué ocurrió. No existe estudio, dictamen o resolución oficial que explique el motivo de la explosión. Las especulaciones han sido muchas: algunos señalan que la culpa fue del chofer, otros que de la empresa gasera, otros más responsabilizan al Gobierno de la Ciudad de México por no supervisar la unidad y, finalmente, hay quienes acusan al propio Estado por el deplorable estado de las calles que, aparentemente, pudieron haber ocasionado el accidente.
Lo que sí sabemos es que, ante una desgracia como esta, lo primero que salió a declarar la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y su equipo fue: “no hay baches”. Justificación no pedida, acusación manifiesta. ¿A quién se le ocurrió que lo urgente era limpiar la imagen de la actual administración en lugar de acompañar y simpatizar con las víctimas? Este tipo de respuestas genera más sospechas que respuestas.
Como abogado y como ciudadano, debo reconocer que el nuevo equipo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha mostrado capacidad y profesionalismo en varios de los asuntos en los que me ha tocado coincidir. Ha sido grato ver que hay servidores públicos comprometidos con la verdad y la justicia. Es precisamente por esas buenas sorpresas que confío en que la indagatoria será seria, imparcial y llegará hasta sus últimas consecuencias.
Mi llamado es muy claro: no caigan en el cáncer de la impunidad ni en el proteccionismo político. Si se determina que el accidente fue producto de un bache, sanciónese a las autoridades responsables. Si fue la empresa gasera, que se castigue a la empresa. Si fue negligencia del chofer, que se proceda conforme a derecho. Lo que no puede suceder es que las víctimas queden en el olvido y que todo se archive como un simple “accidente”.
La tragedia de Iztapalapa no sólo requiere una investigación exhaustiva, sino también una respuesta inmediata de las instituciones de salud. IMSS, ISSSTE y los servicios médicos públicos tienen la obligación moral y legal de atender de manera pronta, eficaz y digna a las personas heridas. Que esta no sea una historia más en la que las familias tengan que sufrir lo que comúnmente pasa en los centros médicos públicos.
A las familias de los heridos y fallecidos, les doy mi más sentido pésame y mi entera empatía y solidaridad. No hay palabras que puedan eliminar el dolor que hoy sienten, pero sí hay acciones que pueden honrar la memoria de quienes perdieron la vida: la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Lo que ocurrió en Iztapalapa es una herida abierta en el corazón de la Ciudad de México. Que no se cierre con impunidad, que no se tape con información a medias, que no se maquillen las estadísticas. Se lo debemos a los que se fueron, a los que hoy luchan por sobrevivir y a todos los que seguimos transitando estas calles con la esperanza de que tragedias como esta no vuelvan a repetirse.