Lo que ocurre en Tabasco no requiere prólogo: las cifras, los muertos y el mutismo oficial describen mejor que cualquier metáfora la magnitud del desastre. El gobernador Javier May repite su supuesta “mano dura”, pero los hechos revelan otra cosa: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora actúan a placer, mientras el Estado se limita a repartir culpas sin asumir responsabilidades, como ahora pretende con Hernán Bermúdez Requena, todavía sustraído de la acción de la justicia. Las patrullas circulan, las “narcomantas” se cuelgan frente al palacio y nadie es detenido.
El 25 de enero fue asesinado el periodista Alejandro Gallegos, quien investigaba el “huachicol” y la protección brindada por servidores públicos. El gobierno prometió resultados en 48 horas.
Han pasado seis meses y nada ha ocurrido. Esa carpeta de investigación está tan enterrada en un cajón que ya huele a impunidad. Mientras el gobernador se pavonea en sus conferencias, la Secretaría de Seguridad alega “falta de coordinación con la Federación” y la Fiscalía local se escuda en la “carga de trabajo”.
El mensaje es claro: no hay responsables y, si se piden respuestas, llega la censura. No nos engañemos: el ataque a periodistas no es casual ni un daño colateral; es un método de control que pretende mantener al pueblo desinformado de la cruda realidad: el Estado se ha convertido en extensión de la delincuencia. ¿Por qué otra razón maquillaría las estadísticas?
Extorsión, cobro de piso, “huachicoleo”, tráfico de migrantes, homicidios, delincuencia organizada, secuestros y el terrorismo cotidiano son hechos que el gobierno no solo conoce, sino que tolera o propicia. El Estado es ese testigo que rehúsa declarar y termina siendo promotor de la sangre.
Frente a esta crisis, cuatro acciones son urgentes e inaplazables: 1). Intervención federal inmediata y, en especial, un golpe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República; 2). Acción decidida del Secretario de Seguridad Pública Federal; 3). Exhibir y sancionar a los políticos estatales que han guardado silencio; y 4). Reconocer y proteger al periodismo fundamentado y valiente.
De lo contrario, reinará el caos. Sin la actuación coordinada de los licenciados Ricardo Sánchez Pérez del Pozo y Omar García Harfuch para castigar, aunque sea indirectamente, las omisiones de Javier May, el homicidio de Alejandro Gallegos quedará impune, Bermúdez Requena seguirá prófugo y las células de La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dictarán la ley en Tabasco.
A los periodistas les digo: informen con verdad, pruebas y sustento; respáldense entre colegas, familia y amigos; documenten con valentía y coraje. La mordaza no empieza con una ley, sino con la violencia normalizada. Hoy silencian reporteros; mañana callarán a toda la ciudadanía.
En fin, quien todavía dude de que Tabasco es cuna de impunidad solo necesita recordar a Gallegos, notar la ausencia de Bermúdez y constatar que las “narcomantas” gobiernan mejor que el propio palacio. El Estado está obligado a cerrar la herida de dolor y censura, pero nos corresponde exigirlo.