En cuatro artículos, de los cuales el presente es el primero, voy a comentar los principales resultados de una interesante investigación realizada en cuatro regiones rurales de México por un grupo de investigadores mexicanos y europeos sobre "Inclusión financiera y Transferencias condicionadas".

Prospera atiende 6.5 millones de beneficiarias con transferencias monetarias bimensuales. Apoyos gubernamentales destinados a garantizar que los niños y niñas acudan a la escuela, logren cierto nivel de nutrición y ahora también que las mujeres inicien actividades económicas remuneradas.

Las mujeres son, en efecto, las principales beneficiarias de las políticas sociales innovadoras encarnadas en los programas de transferencias condicionadas al ingreso, desplegadas en los años noventa por un pequeño grupo de países emergentes (México, Brasil, Chile, Sudáfrica, India) que estaban confrontando los efectos de crisis económicas y financieras.

El éxito mediático y político de estos programas se explica básicamente por ser condicionados, lo que permite transformar al beneficiario en corresponsable, es decir, supone el cumplimiento de un contrato que implica múltiples obligaciones en forma regular, tales como: asistencia escolar de los niños, asistencias regulares a la clínica de salud, acudir a reuniones de sensibilización, etc.

Ahora bien, la identificación final del beneficiario recae sobre un proceso de selección que en la práctica resulta bastante clientelar, en donde un conjunto de mujeres beneficiarias elegidas y nombradas como "vocales", junto con las autoridades locales, hacen una preselección informal de las familias que pueden cubrir los criterios de elegibilidad para ser incorporadas al programa.

El conjunto de obligaciones que una titular debe cumplir para "merecer" el apoyo se percibe como el componente clave de la mejoría en las condiciones de vida de los miembros de un hogar beneficiario. Al exigir la regularidad en la asistencia escolar, el respeto a las visitas médicas para miembros de la familia, la participación en reuniones de sensibilización sobre higiene, salud, etc. se atenúa la dimensión asistencialista, no obstante, responde a una clientela particular, como si a los hogares no pobres no les aplicaran los mandatos sobre salud, educación, alimentación o higiene.

A fines de la primera década del siglo XXI, en el sector de las microfinanzas surgió un nuevo eje de acción con la finalidad de promover el acceso de los pobres y excluidos a los servicios financieros. Los programas de inclusión financiera universal salieron a la luz en medio de un desencanto de las microfinanzas, legitimados por un balance poco favorable después de tres décadas de inclusión financiera "incompleta", tanto en el plano socioeconómico como territorial, en particular en lo que respecta a la población más marginada. Además, la promoción exclusiva de productos de crédito tuvo un impacto limitado en reducción de pobreza (Banerjee et al., 2015) y en algunos países llevó a crisis de sobreendeudamiento.

En este contexto, el compromiso -en un importante grupo de países- de promover el acceso a una gama diversa de servicios bancarios entre los segmentos más marginados de la población fue catapultado a nivel internacional por la Cumbre del Grupo de los Veinte (G20) llevada a cabo en Pittsburgh en 2009.

Esta cumbre fue el punto de partida de diversas iniciativas adoptadas por las autoridades nacionales y sostenidas por distintas plataformas y grupos de expertos internacionales como el Grupo de Expertos en Inclusión Financiera (FIEG por sus siglas en inglés), el Fondo de Equipamiento de las Naciones Unidas (UNCDF), la Alianza "Better than Cash", las fundaciones entre las cuales destaca la Fundación Bill & Melinda Gates y otros actores privados como Mastercard, Visa o Crédit Suisse. A través de lo que se denominó la "Alianza por la Inclusión Financiera", más de ochenta países desarrollados y no desarrollados han adoptado este proceso.

De cara a la incertidumbre en los procesos voluntarios para reducir la exclusión financiera, entre quienes predominan también los más pobres, la digitalización de programas sociales (G2P ) se impone a marchas forzadas con la apertura de cuentas bancarias para sus beneficiarios acompañados de la digitalización de las transferencias. El objetivo es eliminar la distribución de los apoyos en efectivo.

1 Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C. email: isacruzh@gmail.com

2 Inclusión financiera y Transferencias condicionadas: ¿desafiar o reproducir relaciones de género? Una perspectiva Socio-económica. Solène Morvant-Roux, Lourdes Angulo, Mariana Carmona, Juan Carlos González. Universidad de Guadalajara, 2018. (Proxima aparición)

3 Government to person (G2P) e s decir, pagos del gobierno hacia personas.