México presume, con razón, ser el primer socio comercial de Estados Unidos. Hay otro primer lugar del que se habla menos: el Índice Global de Crimen Organizado 2025, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, coloca al país a la cabeza del mundo en mercados criminales, por encima de Myanmar, Colombia, Irán y Nigeria.
Conviene leer bien el dato. El indicador no mide homicidios ni percepción de inseguridad. Mide la amplitud y la profundidad de las economías ilícitas: drogas sintéticas, tráfico de armas y de personas, extorsión, contrabando de combustible, delitos financieros. México no encabeza la lista por dominar un negocio, sino por su diversificación. Los cárteles dejaron de ser organizaciones de narcotráfico y se convirtieron en conglomerados con varias líneas de producto, cadenas de suministro globales y capacidad de reinversión.
La compañía en la tabla es reveladora. Myanmar vive una guerra civil, mientras Afganistán es un Estado colapsado. México es una economía del G20, una democracia electoral y la bisagra manufacturera de Norteamérica. Esa es la paradoja: la misma geografía, los mismos puertos y las mismas carreteras que sostienen la relocalización industrial sostienen también a la economía criminal. El crimen organizado explota idéntica ventaja comparativa que la industria automotriz: la vecindad con el mayor mercado del planeta.
Las consecuencias son inmediatas. Washington ya designó a varios cárteles como organizaciones terroristas y la seguridad dejó de ser un expediente separado del comercial. En la revisión del T-MEC, cada contenedor contaminado y cada pipa de combustible ilegal son un argumento para quienes quieren endurecer la frontera. Para el inversionista asiático o europeo que evalúa instalarse en Puebla, Guanajuato o Baja California, el cobro de piso funciona como un arancel interno que ningún tratado negocia y ninguna aduana registra.
El problema de fondo es de teoría del Estado. Desde Hobbes sabemos que la soberanía descansa en dos monopolios: el de la fuerza y el de la tributación. Donde una organización cobra impuestos, regula precios, decide quién vende qué mercancías y resuelve disputas, existe una soberanía rival. El índice no describe un problema policiaco, sino una competencia por el gobierno del territorio.
Por eso la respuesta no puede reducirse a decomisos y capturas, por espectaculares que sean. Un mercado no desaparece cuando cae un director general. Se requiere inteligencia financiera que siga el dinero, aduanas confiables, fiscalías que investiguen y municipios que no estén solos frente a la extorsión. Se requiere, sobre todo, admitir el diagnóstico en lugar de discutir la metodología.
México quiere ser la plataforma industrial de Norteamérica. Ya es, según este índice, su principal plataforma criminal. Las dos ambiciones no caben en el mismo territorio: una terminará por expulsar a la otra.
