México presume ser una potencia exportadora, pero la cifra esconde una paradoja: exporta mucho, pero exportan pocos. Un puñado de grandes empresas, casi todas multinacionales, concentra la mayor parte de las ventas al exterior, mientras las micro, pequeñas y medianas empresas, que dan empleo a la mayoría de los mexicanos, siguen mirando las cadenas globales de valor desde la banqueta. La relocalización industrial prometió cambiar esta realidad. Hasta ahora, la promesa se ha quedado a medias.
Los obstáculos son conocidos. El primero es la certificación. Una armadora automotriz o una empresa de dispositivos médicos no compra a quien le ofrece buen precio, sino a quien cumple normas como IATF 16949 o ISO 13485. Obtenerlas cuesta tiempo, consultoría y dinero que una pyme rara vez tiene. El segundo es el financiamiento: la banca comercial presta poco y caro a las empresas pequeñas y los proveedores de las grandes cadenas deben soportar plazos de pago de 90 o 120 días que asfixian su liquidez. El tercero es la escala: el comprador global necesita volumen constante y la pyme produce en lotes irregulares. El cuarto es la informalidad, que la vuelve invisible para los sistemas de compras corporativos. Y el quinto, cada vez más relevante, es el cumplimiento de reglas de origen del T-MEC y de estándares laborales y ambientales que exigen trazabilidad documental que muchas empresas no saben generar.
A ello se suma un problema político. La inseguridad, la incertidumbre jurídica tras la reforma judicial y la falta de energía limpia suficiente empujan a los inversionistas a traer consigo a sus propios proveedores en lugar de desarrollar proveedores locales. Así, la relocalización corre el riesgo de repetir el modelo maquilador: mucha ensambladora, poco contenido nacional.
¿Qué hacer? Primero, programas de desarrollo de proveedores con metas concretas, pactados entre gobiernos estatales, cámaras empresariales y empresas ancla. Las experiencias de Querétaro, Aguascalientes o del clúster automotriz de Puebla muestran que cuando la empresa tractora se compromete a comprar, la Pyme invierte en certificarse. Segundo, un fondo público-privado que subsidie parcialmente las certificaciones y la consultoría técnica, condicionado a resultados. Tercero, factoraje electrónico obligatorio en las cadenas grandes, para que la Pyme cobre de inmediato con la garantía de su cliente. Cuarto, consorcios de exportación que permitan a varias pequeñas empresas sumar volumen y compartir costos logísticos. Quinto, digitalización: plataformas que conecten la demanda de las armadoras con la oferta local y faciliten la trazabilidad exigida por el T-MEC.
Nada de esto requiere inventar el hilo negro. Requiere voluntad de coordinación y un Estado que deje de ver a la Pyme como sujeto de asistencia social y empiece a tratarla como lo que es: la pieza que falta para que la privilegiada situación geopolítica de México se traduzca en desarrollo. Si México no integra a sus pequeñas empresas a las cadenas exportadoras en esta década, habrá desperdiciado la mejor oportunidad geoeconómica de su historia reciente.
