La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue desechada hoy en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes necesaria para una modificación constitucional.
Esta es indudablemente una buena noticia para el país. No nos equivoquemos: la reforma propuesta por Morena representaba un retroceso histórico y era una amenaza a la pluralidad democrática.
La iniciativa no incluía sanciones severas, como la pérdida de registro, para candidatos o partidos que recibieran financiamiento de grupos criminales. También debilitaba al INE y fomentaba la opacidad en lugar de generar ahorros reales. Sin duda alguna, la reducción del acceso a radio y televisión eran medidas regresivas que afectaban la competencia justa.
Todo esto además del intento de imponerla sin consenso previo con todas las fuerzas políticas hizo que la propuesta naufragara.
Se dirá que el factor determinante fue el voto en contra de sus propios aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes se unieron a la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) para frenar la iniciativa. Sin embargo, esa parece ser una explicación parcial de lo que sucedió.
En realidad, el día de hoy es una fecha histórica en lo que respecta a la manera en que el poder Legislativo se ha comportado respecto al poder Ejecutivo en lo que va del sexenio.
Con la votación de hoy se refuta el mito de la existencia de un poder inevitable que avasalla a los otros poderes como se solía hacer en los tiempos en que el PRI era un partido casi único.
Con esto no se quiere decir que Morena no ostente un poder hegemónico que está intentando establecer un régimen unívoco y, por lo tanto, autoritario. Son muchas las pruebas y anécdotas que confirman esto.
No obstante, en los últimos tiempos hemos sido testigos de los límites al poder del oficialismo: De las amenazas concretas de Trump a los factores internacionales de carácter político y económico; de los incontables escándalos de corrupción a la incapacidad de Morena para negociar con sus socios políticos. Esperemos que a partir de este momento el Congreso comience a actuar más como un límite al poder Ejecutivo que como una oficina de endoso automático a sus iniciativas de reforma.
Lo que corresponde hacer ahora es que nos enfoquemos en lo que viene. De acuerdo con las normas parlamentarias, al ser desechada una reforma constitucional, no puede volver a presentarse en el periodo ordinario de sesiones actual ni en el siguiente, debiendo esperar al menos un año para un nuevo intento similar.
Ahora bien, es claro que tras el revés legislativo, la bancada de Morena ya ha comenzado a mencionar la posibilidad de un “Plan B”, que consistiría en colar la iniciativa constitucional fallida a través de cambios en las leyes secundarias, que solo requieren mayoría simple. Pero hacer esto no será fácil. Varios analistas han advertido la existencia de limitaciones constitucionales a tal tentativa.
Por lo pronto, habrá que celebrar que esté día se le puso límite a un poder que se dice absoluto. Esto es bueno para la democracia en el país.
