Organizar a un ejército de acuerdo con reglas que pertenecen al mundo civil, llevaría a que sus miembros no pudieran realizar sus labores con la eficiencia debida y pondría en peligro la eficiencia militar.
A través de la experiencia humana sabemos que la esfera castrense tiene su propia lógica y que ésta obedece a sus necesidades propias.
Sin embargo, darle potestad absoluta a las autoridades castrenses y más aún, involucrarles en ámbitos que corresponden al orden civil, es contrario a las bases fundacionales de la democracia liberal.
Una sociedad donde no hay un muro que separe a ambas esferas tendrá dificultades en establecer las condiciones de la convivencia civilizada, la justicia y la prosperidad.
Esta afirmación de ninguna manera se realiza en el aire. Las democracias más avanzadas han aprendido la importancia de establecer líneas claras entre los dos órdenes. En Alemania, por ejemplo, la Bundeswehr está supeditada y supervisada por el Bundestag (parlamento). Lo mismo sucede con Gran Bretaña, donde las fuerzas armadas se subordinan al poder civil legalmente constituido. Suecia, una de las democracias liberales más estables, tiene una larga tradición de hegemonía del poder civil, ya que este controla al Ministerio de Defensa. Los ejemplos abundan en todo el orbe.
El caso más cercano a nosotros es, desde luego, Estados Unidos. La mayor potencia militar del mundo es una gran democracia donde el Secretario de Defensa no forma parte estructural de las fuerzas armadas.
Es dable argumentar que un país democrático comienza a perder esa cualidad en cuanto empieza a coquetear con fortalecer a los militares por encima de la potestad civil. La razón es clara: mientras en el ejército la obediencia es una virtud, en una sociedad democrática, liberal y republicana el espíritu crítico es lo que debe promoverse.
Estas consideraciones son sumamente importantes a la luz de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México que ya ha pasado al Senado de la República para su discusión.
Aunque el oficialismo plantea cambios en lo que se refiere a la misión, atribuciones, integración, niveles de mando, organización interna, órganos de disciplina y otros aspectos referentes a la armada, lo cierto es que se trata de modificaciones inerciales y no se propone el cambio más fundamental que debería estarse planteando: el regreso del control civil en la más alta jerarquía de las fuerzas castrenses.
Antes de hablar de cambios administrativos, debería discutirse, en primer término, la restitución al control civil de tareas tan relevantes como la seguridad ciudadana, la operación portuaria, ferroviaria, aérea, aduanera y de obra pública, donde nunca debió involucrarse al orden castrense. Una vez hecho esto, debemos tener un debate de gran visión sobre la pertinencia de colocar a civiles al frente de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aunque el actual régimen se declare de izquierda, su filosofía y acciones de gobierno parecen inspiradas en movimientos de corte militarista y autocráticos como los que encabezaron tanto Augusto Pinochet como Omar Torrijos y de ninguna forma puede calificarse como progresista.
