El reciente anuncio por parte del INEGI de que alrededor de 13.4 millones de personas abandonaron su condición de pobreza en México durante el gobierno de López Obrador ha sido interpretado como un claro signo de que el mandatario mexicano cumplió su principal promesa.
Sobre esto vale la pena decir algunas cosas. En primer lugar, hay que dejar claro que es la primera vez en algún tiempo que la noticia no fue dada por el CONEVAL, organismo autónomo que fue eliminado por el gobierno y que había venido realizando un buen trabajo. Aunque es cierto que la titular del INEGI, Graciela Márquez, comentó que se utilizó la misma metodología que la del CONEVAL.
En segundo lugar, se adjudica las razones para la disminución de la pobreza a dos factores principales: el aumento a los salarios mínimos y las transferencias de efectivo a grupos vulnerables. Respecto a los primeros, de acuerdo con el INEGI alrededor del 70 por ciento del aumento que tuvieron las personas con menores ingresos obedeció al incremento del salario mínimo durante el sexenio 2018-2024. El mérito de ello debe ser atribuido no sólo al gobierno de López Obrador, sino a organismos empresariales y otros actores de la sociedad civil que pugnaron por aumentar los salarios mínimos desde hace tiempo.
El estudio multidimensional del INEGI señala que la reducción de la pobreza se debió a que los sectores en esa situación mejoraron sus condiciones de vida en lo que se refiere al rezago educativo, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacio de vivienda, los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
Habría que desmenuzar cada uno de estos aspectos de manera más fina para poder emitir juicios más atinados. Por ejemplo, la disminución del rezago educativo se contrapone a los resultados de las pruebas PISA en los últimos años, así como a otros indicadores. Habrá que ver qué efecto tendrá en el futuro la introducción de los libros de texto de caracter ideológico introducidos por el gobierno.
La nota preocupante es la que se refiere al acceso de la población a los servicios de salud. De acuerdo con el INEGI, si bien la situación fue mejor en 2024 respecto al 2022, no lo es respecto al 2018. Es decir, la situación de las personas pobres respecto a su salud empeoró durante el sexenio de López Obrador.
Siendo que el acceso a la salud es el aspecto más urgente de solucionar, el rezago en ese renglón debería hacernos reflexionar sobre lo que salió mal y cómo podemos mejorar la situación. Una gran discusión nacional sobre el asunto se hace necesaria en este momento.
Otro punto a discutir es la sostenibilidad de la política de reparto en efectivo. Aunque no se discute su conveniencia sí hay que hablar de hasta que punto las finanzas públicas deben ser corregidas para continuar canalizando esos recursos. No sería buena idea rebasar cierto umbral de deuda para sostenerlos. Habría que pensar en maneras de hacer que estos repartos sean más productivos. Por ejemplo, se podría pensar en maneras para que esos ingresos se gasten en medios de producción rústicos con el fin de que los mexicanos pobres se conviertan en pequeños empresarios.
Finalmente, habría que decir que todo esto ocurrió en un contexto de casi cero crecimiento económico. Aunque parte del pastel se distribuyó un poco mejor ese pastel no se hizo más grande. Este modelo es insostenible en el futuro. Necesitamos, entonces, buscar maneras en que el pastel se haga más grande al tiempo que lo repartimos mejor. Ese es el gran desafío del México del porvenir.
