¿Réquiem al CSG?

Una sociedad no puede progresar sin el concurso del avance tecnológico y la investigación científica. Hasta antes del arribo del presente gobierno federal era un consenso entre los gobernantes de este país, que habría que poner decisiones técnicas importantes en manos de quienes saben acerca de los asuntos a resolver.

Desde hace varios lustros se llegó a la conclusión de que las secretarías de Estado, por sí solas, no pueden lidiar de manera efectiva con los enormes problemas que enfrentan en sus diversas materias de competencia.

Se hacía necesario crear y fortalecer instituciones auxiliares que pudieran utilizar el saber acumulado de la sociedad a través de sus universidades, instituciones académicas y centros de investigación, para sugerir políticas públicas basadas en el conocimiento y no en la ideología, procesadas por expertos y con visión de largo plazo y no política.

En el caso del sector salud esto era todavía más obvio. La institución que ha asesorado al presidente de la República por muchos sexenios, en asuntos de salud, ha sido el Consejo de Salubridad General.

Encabezado por el secretario de Salud, en el Consejo han participado instituciones como la UNAM, el IPN, la Anuies, el Conacyt, la Academia Mexicana de Pediatría, la Fundación Mexicana de Salud Pública, la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, entre otras.

Sin embargo, todas estas prestigiadas entidades ya no formarán parte del Consejo de Salubridad General, de acuerdo con un decreto emitido por el presidente de la República, donde se propone expedir un nuevo reglamento del Consejo.

En su lugar se integrarán al Consejo los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Servicios de Salud del Instituto Mexicano de Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

A excepción de este último, no se entiende la inclusión de las otras secretarías cuyo mandato cae dentro del ámbito de la seguridad nacional.

Esta involución es altamente preocupante, pues entraña no sólo la continua militarización del país, sino también el abandono de la racionalidad y el pensamiento científico para determinar las políticas de salud pública.

Se trata de otro asedio al sistema de salud mexicano, que ya ha sido severamente dañado por decisiones erróneas. Recordemos eventos como el fracaso del Insabi, la carestía de medicinas (que afectaron a muchos niños con cáncer), la disminución del presupuesto destinado a la salud y el pésimo manejo de la pandemia desde el gobierno.

Todo esto, en conjunto, representa el mayor daño que se le haya hecho a la salud de los mexicanos en nuestra historia reciente.

La decisión no tiene justificación alguna, dado que el Consejo de Salubridad General ha cumplido satisfactoriamente con su función. Cabe decir que, el órgano referido, en buena medida en razón de su integración, cuenta con amplio reconocimiento en el sector.

Un ejemplo de ello es la certificación que otorga el CSG a los hospitales privados que cumplen con estrictos estándares, y que goza de tal solvencia, que por sí misma implica a quien se hace acreedora de la misma, de una reputación inequívoca de calidad.

Lo que está detrás de esta iniciativa es una concepción autoritaria de la función pública que, por insensata, podría tener como resultado el deterioro de los indicadores de salud de los mexicanos en las décadas por venir. No debemos permitirlo.