Crímenes contra la salud

El régimen obradorista ha producido un desabasto de medicinas que debiera considerarse criminal. Esto incluso ha sido aceptado por el Presidente, a veces implícitamente y a veces explícitamente. Y para imprimirle más dolor a la herida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de informar que en 2022 la Secretaría de Salud mostró un subejercicio en su gasto programado. Todo esto ha tenido graves consecuencias para el bienestar de los mexicanos.

Uno de los sectores más afectados por las acciones e inacciones del gobierno son las personas que han contraído el virus VIH/SIDA. Se sabe de la importancia crucial de que las medicinas para este grupo de personas nunca falten, pues consecuencias negativas para su salud pueden desencadenarse inmediatamente.

Desgraciadamente, ya abundan los casos de desabasto de estos medicamentos en todo el país. No sólo eso: el gobierno ahora ha llegado a tal grado de contradicción que justifica el desabasto de medicinas que él mismo ha generado como un argumento jurídico para no entregarlas. Esto sucedió hace poco cuando el Consejo Nacional de Litigio Estratégico interpuso una demanda de amparo ante un juez de Distrito en Nuevo León con el objetivo de que el gobierno entregue estas medicinas de manera oportuna, sin excusas ni dilaciones.

A pesar del argumento del gobierno, según el cual el desabasto no le permite suministrar medicinas y atender una obligación constitucional, el juez federal determinó, mediante una sentencia definitiva, que las autoridades de salud deben suministrar los medicamentos a un particular que padece de VIH/SIDA. El juez también reconoció que existe el derecho a la salud y la obligación de los gobiernos de realizar todas las acciones necesarias para asegurar el estado de salud óptimo de los pacientes. Esto entraña indudablemente que los funcionarios públicos utilicen todos los recursos a su disposición para lograr el abastecimiento de medicamentos, de acuerdo al artículo 4° de la Constitución.

Siendo que el amparo sólo protege al particular que lo promovió, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico ha puesto a disposición de cualquier afectado una demanda modelo para quien desee ampararse ante esta infracción constitucional que está perpetrando el gobierno en contra de todos.

Lo que debe quedar claro es que la disminución del gasto en salud y el desabasto de medicamentos no son accidentes o sólo consecuencias de falta de pericia en la gestión de los asuntos públicos. Se trata, más bien, de políticas intencionales fundadas en una idea de lo que debe ser el gobierno. Así, el obradorismo es por diseño un asalto a la salud pública. Aunque se esperaría que el régimen rectificara pronto, la verdad es que estas políticas contra la salud sólo cesarán con su derrota en 2024.